Caso Colibrí: Jueza dará hoy el fallo contra implicados

Santiago.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción, Iris Borge, se reservó para hoy viernes a las 3:00 de la tarde el fallo sobre el conocimiento de imponer medida de coerción contra 13 de 16 imputados en la caso Colibrí.

El Ministerio Público llegó a un acuerdo con tres de los implicados, quienes ahora servirán de testigo, por lo que fueron favorecidos con garantías económicas según la fiscal Esther González.

Los imputados están acusados de atacar el sistema de la Junta Central Electoral (JCE), por lo que el Ministerio Público pide prisión preventiva por 18 meses y que se declare de tramitación compleja el proceso.

Según el órgano acusador los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.

Según las investigaciones de la fiscalía de Santiago establece que los integrantes de la red se dedicaban a actividades fraudulentas en las que se especializaron en la falsificación de documentos públicos arrestados tras el despliegue de la Operación Colibrí, amenazaron la seguridad jurídica y laceraron la confianza institucional, en tanto que, además, vulneraron el sistema del Registro Civil del país.

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Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.

En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.

Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.