Hallan ocho cadáveres con signos de tortura en una mina de Ecuador

Ocho cadáveres con signos de tortura fueron hallados en los exteriores de una mina en el sur de los Andes ecuatorianos, en una matanza que apunta a una banda criminal que busca apoderarse de la actividad minera en esa zona, según informó este viernes la Policía Nacional.
El hecho se produjo en la concesión minera Estrella de Oro, perteneciente al cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, un enclave de la sureña provincia andina de Azuay en el que existe actividad minera legal e ilegal, y cuyo alcalde fue asesinado presuntamente por sicarios en abril.
El jefe de la Policía en Azuay, Carlos Rivadeneira, explicó en una rueda de prensa que el hallazgo de los cuerpos se dio el jueves, ante la alerta de habitantes de la zona, un área rural situada a una hora y media en vehículo desde el núcleo urbano de Camilo Ponce Enríquez.
Los cadáveres se encontraban en un saco y habían sido incinerados. Al menos cuatro de ellos se encontraban decapitados, según medios locales.
En el lugar también se hallaron cartuchos de balas de 9 milímetros y también del calibre 2,23 perteneciente a fusiles.
Los cuerpos no contaban con ningún elemento de identificación y fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Machala, capital de la provincia vecina de El Oro, para que se les practicasen las autopsias.
La primera hipótesis que maneja la Policía es que esta masacre fue un ajuste de cuentas, pues Rivadeneira señaló que hay un enfrentamiento entre facciones de la misma banda criminal que buscan hacerse con el control de la minería en el sector.
Desde inicios de año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno” y pasó a catalogar como grupos terroristas a las bandas criminales, causantes del auge de la violencia en Ecuador, que ha pasado a ser uno de los países con más homicidios per cápita de Latinoamérica.

Estas mafias están dedicadas principalmente al narcotráfico, pero también han ampliado sus operaciones a otros sectores como la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armas.

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