Instituto Duartiano llama a funcionarios y congresistas a asumir rol ante la sociedad

Santo Domingo. – El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, se refirió este martes a los proyectos de ley integral sobre Trata de Personas, Explotación o Tráfico Ilícito de Migrantes, y el que crea el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que a su entender son una prueba de que se persigue por todos los medios seguir estimulando la incursión masiva de la éxodo ilegal e indocumentada en el territorio dominicano.

Durante una rueda de prensa, Gómez Ramírez realizó un llamado a todos los funcionarios, en especial a los congresistas de todos los partidos o agrupaciones políticas, para que asuman con la mayor entereza la más resuelta e intransigente defensa patria, en momentos tan difíciles como los que en la actualidad enfrenta la Nación dominicana.

“Estas piezas legislativas coinciden en que reconocen de manera generosa y ligera derechos a favor de migrantes irregulares bastando, para ser intocables, el simple alegato de ser víctimas de los delitos que se pretenden sancionar y prevenir, y se proponen colocar pesadas cargas y obligaciones sobre los hombros de diversas instituciones públicas y empresas privadas, muchas de las cuales pasarían el fardo al pueblo consumidor”, señaló.

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De igual modo, enfatizó que el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación o Tráfico Ilícito de Migrantes establece en su artículo 63 que, «alegando ser víctima, se puede gestionar la permanencia regular en el país, mediante la realización de los trámites necesarios para obtener permisos migratorios, inclusive, el otorgamiento de la residencia en el país; pudiendo, además, proveerse de un permiso para trabajar en el país».

El presidente del Instituto Duartiano señaló, además, que en la pieza congresual que se refiere a la protección de víctimas de violencia de género, busca que entidades privadas, sociales y personas que tienen la responsabilidad de aportar para establecer casas de acogidas para las mujeres migrantes ilegales y que la Dirección General de Migración no pueda deportarlas cuando denuncien violencia de género o que requieran atenciones