Alemania endurece las penas y multas por graves delitos medioambientales

Berlín.- El Gobierno alemán aprobó este miércoles un proyecto de ley para endurecer las penas y multas por graves delitos medioambientales y dar más herramientas a las autoridades para investigarlos, entre ellas medidas encubiertas como la vigilancia de telecomunicaciones.
La ministra de Justicia y Protección de los Consumidores, Stefanie Hubig, señaló en un comunicado que «la delincuencia ambiental es un gran negocio», ya que «el crimen organizado gana miles de millones en todo el mundo con la eliminación ilegal de residuos y otros delitos» contra el medio ambiente.
«Las consecuencias para nuestras bases naturales de vida son devastadoras: lodos de depuración en los bosques, productos químicos en los ríos, aceite usado en el suelo. Los delitos ambientales dejan destrucción y amenazan a las personas y a la naturaleza», sostuvo.
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El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, por su parte indicó que, «mientras algunos delincuentes se enriquecen, todos pagamos el precio».
«Las víctimas son la salud humana, la naturaleza, la mayoría de las empresas honestas y, en última instancia, los contribuyentes», recalcó.
Las principales medidas del proyecto de ley contemplan una pena mínima de un año de prisión en casos con consecuencias catastróficas (por ejemplo, mareas negras).
Para delitos relacionados con residuos y materiales radiactivos, se aplicarán penas de 6 meses a 10 años cuando se cometan de forma organizada o con ánimo de lucro.
Asimismo, el Gobierno introduce la responsabilidad penal por comercializar productos perjudiciales para el medio ambiente.
Este delito se castigará si su uso masivo provoca daños significativos en la calidad del aire.
El Ejecutivo alemán introduce el concepto de «ecosistema» como bien jurídico protegido, junto con suelo, el agua, el aire, los animales, las plantas y la salud humana.
Además, se penalizarán emisiones como ruido, vibraciones, calor o radiación no ionizante (por ejemplo la contaminación acústica o lumínica) y se aplicarán penas más severas por comercio ilegal de gases fluorados altamente contaminantes.
En cuanto a las multas a empresas, se establecen sanciones de hasta 40 millones de euros en delitos dolosos frente a los diez millones anteriores, y de hasta 20 millones en delitos por negligencia en comparación con los cinco millones previos.


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