Bukele afirma que El Salvador liberaría a colaboradores de maras con baja participación en delitos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este martes que su Gobierno tiene un plan de liberación anticipada y condicional para reos, detenidos durante un régimen de excepción, que colaboraron con las pandillas (maras) mientras vivían bajo el “yugo” de estas estructuras, lo que podría beneficiar a cerca de la mitad de detenidos que son acusados de ser colaboradores de las llamadas maras.

Según explicó el mandatario este martes, la iniciativa podría beneficiar aproximadamente a la mitad de los reclusos acusados de colaborar con las maras, siempre que sus casos cumplan con los criterios que establecerían las autoridades.

«Nosotros tenemos un plan, creo que beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con las pandillas, con una liberación anticipada. O sea, es culpable, pero liberarlo condicionalmente», expresó durante una conferencia de prensa celebrada en San Salvador.

Bukele sostuvo que la evaluación tomaría en cuenta las circunstancias en las que cada persona colaboró con esas estructuras criminales, al distinguir entre quienes participaron directamente en actos violentos y quienes, según su versión, actuaron bajo la presión de las pandillas.

«Estas personas vivían bajo ese yugo y no es lo mismo ser parte de los que aplicaban ese yugo a la población a simplemente sobrevivir dentro de esa realidad», manifestó.

El gobernante describió a las pandillas como estructuras que durante años ejercieron control sobre comunidades salvadoreñas y condicionaron la vida cotidiana de sus habitantes.

La medida no implicaría una absolución

El presidente aclaró que la propuesta no supondría declarar inocentes a los beneficiarios. De acuerdo con sus declaraciones, quienes accedan a la liberación continuarían siendo considerados culpables y tendrían que cumplir condiciones de vigilancia fuera de prisión.

Bukele afirmó que su Administración está evaluando los expedientes de personas que, aunque considera responsables de delitos, podrían recibir un tratamiento distinto debido a las circunstancias particulares en las que vivían.

Para ilustrar esa diferencia, mencionó que no sería equivalente la participación de alguien que ayudó a enterrar un cadáver a la de una persona que alertaba sobre la presencia policial en un sector controlado por las pandillas.

Sin embargo, el mandatario no ofreció una fecha para la aplicación del programa ni detalló los requisitos definitivos para optar por el beneficio. Tampoco precisó cuántos presos podrían salir de prisión ni aclaró si la iniciativa ya está en ejecución o continúa en fase de evaluación.

El régimen de excepción y las denuncias de abusos

El anuncio se produce en medio del régimen de excepción que El Salvador mantiene desde marzo de 2022 como parte de su estrategia contra las pandillas. La medida suspende determinadas garantías constitucionales y ha permitido la detención de decenas de miles de personas señaladas por las autoridades de pertenecer a esas estructuras o colaborar con ellas.

Según las cifras citadas en el reporte de EFE, al menos 93,162 personas habían sido detenidas bajo este régimen.

Mientras el Gobierno defiende la política como una herramienta para combatir la criminalidad, organizaciones humanitarias han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos durante su aplicación.

De acuerdo con los datos recogidos por EFE, esas organizaciones han documentado más de 6,400 denuncias de abusos y alrededor de 570 muertes de personas bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos de violencia, según las denuncias.

Organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, también han advertido sobre la gravedad de las presuntas violaciones cometidas durante el régimen y han señalado la posibilidad de que algunos hechos puedan constituir crímenes de lesa humanidad.

La propuesta de liberación anticipada abre ahora interrogantes sobre los criterios que utilizará el Gobierno para determinar quiénes podrán acogerse al beneficio y cómo se garantizará la supervisión de quienes salgan de prisión.

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