Colombia.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que firmó un decreto mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país, aunque aclaró que continuarán vigentes los controles y requisitos establecidos por las autoridades.
El mandatario sostuvo que durante años las restricciones afectaron principalmente a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras que los grupos criminales continuaron adquiriendo armas de manera ilegal.
“Esto no significa porte indiscriminado”, afirmó De la Espriella, al señalar que los permisos seguirán sujetos a evaluaciones y autorizaciones oficiales.
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Gobierno destaca incautaciones de armas ilegales
De acuerdo con las cifras citadas por el presidente colombiano, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El mandatario indicó además que 980 armas fueron vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
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Entre las armas asociadas a grupos disidentes, mencionó la incautación de fusiles y morteros calibre 60 milímetros, al señalar que ese tipo de armamento representa la principal amenaza que el Estado debe combatir.
Diferencia entre ciudadanos legales y grupos criminales
De la Espriella afirmó que la nueva medida busca cambiar el enfoque de seguridad, garantizando derechos a quienes cumplen la normativa y reforzando la persecución contra quienes poseen armas de manera ilegal.
“El ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley tendrá garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley”, expresó.
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El presidente colombiano aseguró que la estrategia del Gobierno estará enfocada en retirar las armas de los grupos criminales y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar las estructuras armadas ilegales.
La decisión abre un nuevo debate en Colombia sobre la regulación del porte de armas, la seguridad ciudadana y el equilibrio entre el control estatal y el derecho de los ciudadanos autorizados a acceder a permisos legales.
