Entra en vigencia una nueva ley que reglamenta el uso de fuerza para la Policía y los militares en Chile

Una nueva Ley de Reglas de Uso de la Fuerza entró en vigor este viernes en Chile, con el objetivo de regular la actuación de policías y militares según el nivel de resistencia o agresión que enfrenten durante sus labores de seguridad.

La entrada en vigor de la normativa se produce a dos días del séptimo aniversario de las protestas del 18 de octubre de 2019, que estuvieron marcadas por manifestaciones masivas, demandas sociales, hechos de violencia, saqueos y denuncias de represión policial. Para la conmemoración de esa fecha se han anunciado nuevas movilizaciones.

El texto legal define el uso de la fuerza como la facultad de los cuerpos de seguridad y, cuando corresponda, de las Fuerzas Armadas, para hacer cumplir la ley y mantener o restablecer el orden público. También contempla el empleo de medios físicos, mecánicos, químicos, eléctricos y de otra naturaleza, cuyo uso puede provocar lesiones e incluso la muerte.

Cinco niveles de resistencia y respuesta policial

La ley establece una matriz de cinco niveles para clasificar la conducta de una persona o grupo frente a la autoridad: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.

A partir de esas categorías, contempla cinco niveles de respuesta que van desde la presencia policial y las técnicas de comunicación hasta la reducción física de la movilidad, el uso de medios menos letales y la fuerza potencialmente letal.

Según explicó el ministro de Seguridad de Chile, Martín Arrau, las respuestas no tienen que aplicarse necesariamente de manera escalonada. Esto significa que, cuando exista una amenaza inminente y la situación lo amerite, los agentes pueden recurrir directamente a un nivel superior de fuerza, incluido el potencialmente letal.

Ocho reglas para las Fuerzas Armadas

En el caso de los militares, la normativa dispone ocho reglas para las situaciones en las que sean convocados a resguardar el orden público o proteger infraestructura crítica.

Estas disposiciones abarcan desde el despliegue y la comunicación hasta el empleo de armamento letal en circunstancias específicas, como enfrentamientos con personas que utilicen armas del mismo tipo o ataques contra infraestructura crítica.

La ley fue aprobada por el Congreso y, posteriormente, el 7 de octubre, diputados de oposición solicitaron al Tribunal Constitucional revisar algunas de sus disposiciones, especialmente las relacionadas con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal.

Sin embargo, el recurso fue declarado inadmisible luego de que el Gobierno alegara que se presentó fuera de plazo, al sostener que la solicitud se interpuso después de la promulgación de la normativa en la Contraloría.