Estados Unidos sanciona a 11 entidades y funcionarios cubanos vinculados al níquel y al aparato militar

El Gobierno estadounidense impuso este jueves nuevas sanciones contra 11 entidades y funcionarios cubanos relacionados con la industria del níquel y estructuras militares de la isla, como parte de una nueva ronda de medidas contra el Gobierno de Cuba.

Las disposiciones alcanzan a ocho empresas y organismos estatales, así como a tres oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Los activos de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados y se restringen determinadas operaciones con ciudadanos y entidades de Estados Unidos.

Entre las empresas vinculadas al sector del níquel figuran SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ y PINARES S.A., relacionadas con servicios técnicos, ingeniería, investigación, extracción y estudios geológicos.

También fueron incluidas SIMPRO, CIDNAV, CIDAI y GELCOM, organismos relacionados con simulación y entrenamiento militar, investigación naval, armamento de infantería y fabricación de equipos electrónicos y de comunicaciones.

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Asimismo, Washington sancionó al coronel superior Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO; al capitán Dioglis Pedreira Argüello, responsable de CIDNAV; y al coronel superior Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

Las medidas fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404. Según Washington, el níquel representa una fuente de ingresos para el Estado cubano y parte de esos recursos son utilizados para sostener estructuras militares y de seguridad. Esta última afirmación corresponde a la posición expresada por la administración estadounidense.

Como consecuencia de las sanciones, los bienes y participaciones de las personas y entidades designadas que estén en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La medida se suma a otras sanciones adoptadas por Estados Unidos durante 2026 contra organismos, empresas y funcionarios cubanos vinculados a diferentes sectores estatales y militares.