Senado de Chile aprueba proyecto que agiliza la expulsión de extranjeros en situación irregular

El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agilizar la expulsión de extranjeros sujetos a medidas administrativas, mediante nuevas facultades para la Policía de Investigaciones (PDI) y modificaciones a los procedimientos establecidos en la legislación migratoria.

La iniciativa fue respaldada este martes 20 de octubre por 37 votos a favor y una abstención, después de que la Cámara Alta ratificara el informe de una comisión mixta integrada por diputados y senadores.

El proyecto, que modifica la Ley de Migración y Extranjería, ya había recibido la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que quedó despachado por el Congreso para continuar los trámites necesarios antes de convertirse en ley.

Expulsión de extranjeros: cambios

Una de las principales modificaciones permitirá a la Policía de Investigaciones solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios donde se encuentren personas extranjeras con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.

De acuerdo con el texto aprobado, la PDI deberá presentar la solicitud ante un juez de garantía, quien tendrá un plazo de 24 horas para resolverla.

La autorización estará destinada específicamente a localizar y detener a la persona sobre la que exista una orden de expulsión vigente, con el objetivo de ejecutar la medida administrativa.

La disposición no establece una facultad de ingreso policial sin control judicial, ya que requiere la intervención previa de un tribunal.

Expulsión de extranjeros: reingreso

El proyecto también eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para las personas extranjeras afectadas por determinadas medidas de expulsión administrativa.

Asimismo, contempla mecanismos para facilitar la expulsión inmediata de extranjeros en situación migratoria irregular que enfrenten ciertos procesos penales por delitos menores.

Estas medidas deberán aplicarse bajo las condiciones establecidas en la normativa y con las autorizaciones judiciales correspondientes.

La iniciativa incorpora, además, disposiciones para coordinar las expulsiones con el Ministerio Público, con el propósito de evitar que su ejecución perjudique investigaciones penales en curso o los derechos de las víctimas.

Gobierno destaca aprobación

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, valoró la aprobación del proyecto y señaló que las modificaciones permitirán mejorar el cumplimiento de las resoluciones administrativas.

El funcionario explicó que la comisión mixta alcanzó acuerdos destinados a superar dificultades existentes en los procedimientos de expulsión.

Según indicó, las medidas buscan agilizar estos procesos, otorgar mayor seguridad jurídica y facilitar su ejecución efectiva.

García Ruminot también destacó el respaldo recibido por la iniciativa en ambas cámaras del Congreso chileno.

La propuesta fue presentada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y posteriormente recibió modificaciones impulsadas por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Expulsión de extranjeros en Chile

La aprobación del proyecto se produce en un contexto de debate sobre la política migratoria y la ejecución de órdenes de expulsión pendientes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) citados por la agencia EFE, en Chile hay más de 330,000 extranjeros en situación migratoria irregular.

Asimismo, distintos reportes estiman que existen más de 75,000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, de las cuales aproximadamente la mitad corresponderían a ciudadanos venezolanos.

Estas cifras forman parte del contexto migratorio del país y no implican que todas las personas en situación irregular tengan una orden de expulsión vigente.

El Gobierno chileno ha incluido el fortalecimiento de los procedimientos migratorios entre las medidas relacionadas con su agenda de seguridad y control fronterizo.

Próximos pasos legislativos

Con la aprobación del Senado, el proyecto completó su tramitación en ambas cámaras del Congreso.

No obstante, su aprobación parlamentaria no significa que las nuevas disposiciones ya estén en vigor. La iniciativa debe completar los procedimientos legales correspondientes antes de su aplicación.

Entre los cambios más relevantes figuran la ampliación de las facultades de la PDI bajo autorización judicial, el aumento del período mínimo de prohibición de reingreso y la agilización de determinadas expulsiones administrativas.

El objetivo declarado de la reforma es facilitar el cumplimiento de las resoluciones migratorias y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de ejecutarlas.