Bogotá.– Un juzgado de Bogotá ordenó al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar bombardeos contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes en las zonas que serían atacadas.
La decisión fue adoptada este jueves como una medida provisional dentro de una acción de tutela y se produce pocos días después de que se confirmara la muerte de tres menores durante una operación militar contra una estructura de las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare.
Juez limita bombardeos en Colombia cuando haya menores
La juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas, dispuso que las autoridades suspendan las operaciones aéreas ofensivas mientras se toma una decisión definitiva sobre la tutela y se implementan y verifican las medidas necesarias para proteger a los menores.
El fallo establece que las operaciones militares solo podrán llevarse a cabo cuando, con base en la información disponible y los protocolos aplicables, se determine que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo.
La medida responde a una tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, quien actuó como agente oficioso de niños, niñas y adolescentes que hayan sido reclutados o utilizados por grupos armados y que puedan encontrarse en campamentos o zonas susceptibles de ser atacadas.
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Muerte de tres menores reabre debate sobre bombardeos
La decisión judicial se conoce una semana después de una operación militar realizada en una zona rural de El Retorno, Guaviare, donde murieron diez personas.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó posteriormente que tres de los cuerpos correspondían a menores de edad. Según la información suministrada, dos de ellos tenían 15 años y el tercero, 16.
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El Gobierno colombiano defendió la legalidad de la operación y sostuvo que los menores formaban parte del grupo armado atacado, por lo que fueron considerados objetivos legítimos dentro de la operación militar.
El caso generó cuestionamientos sobre el uso de bombardeos contra estructuras armadas que tienen entre sus integrantes a menores reclutados.
Otro menor murió en una operación militar
La controversia se suma a la muerte de otro menor durante un bombardeo realizado el pasado 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia.
Estos hechos han intensificado la discusión sobre los procedimientos utilizados por las Fuerzas Militares durante las operaciones aéreas contra grupos armados y las medidas que deben aplicarse cuando existen indicios de presencia de menores.
La situación también ha puesto nuevamente en el centro del debate el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de organizaciones armadas que operan en diferentes regiones del país.
Orden judicial exige medidas de protección
La resolución también ordena a la Presidencia de Colombia, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército, a la Fuerza Aeroespacial y a la Armada adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la decisión.
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El juzgado pidió además observar el interés superior de los menores y la prevalencia de sus derechos durante la planificación y ejecución de operaciones militares.
La medida tiene carácter provisional y permanecerá vigente mientras se emite una decisión de fondo sobre la acción de tutela. Por esta razón, el fallo no constituye todavía una decisión definitiva sobre la legalidad de los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares.
Sin embargo, al tratarse de una orden judicial, las autoridades están obligadas a cumplirla. El eventual desacato puede generar sanciones contra los funcionarios responsables.
Colombia enfrenta aumento del reclutamiento de menores
La discusión sobre los bombardeos ocurre en medio de las alertas por el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados en Colombia.
De acuerdo con los datos citados en el proceso, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de 1,173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes entre 2024 y el 31 de julio de 2026.
La cifra evidencia la magnitud de uno de los principales problemas relacionados con la violencia y el conflicto armado en distintas zonas del territorio colombiano.
La nueva decisión judicial busca que, ante información sobre la presencia de menores, las autoridades adopten medidas de precaución y protección antes de ejecutar operaciones aéreas ofensivas.
Mientras el juzgado estudia el fondo de la tutela, la orden establece nuevas condiciones para los bombardeos en Colombia cuando pueda existir presencia de menores reclutados por grupos armados.
