La Corte Internacional de Justicia da por probados asesinatos masivos, violencia sexual y destrucción de aldeas rohinyás

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declaró este jueves «plenamente convencida» de que las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) asesinaron a unos 10.000 miembros de la minoría musulmana rohinyá en la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, unas matanzas que constituyen uno de los actos contemplados en la Convención contra el Genocidio.
Sin embargo, para determinar si estos asesinatos constituyen genocidio, la Corte también debe establecer si existió «la intención» de destruir, total o parcialmente, a la población rohinyá por su pertenencia a este grupo étnico y religioso, una cuestión sobre la que aún no se ha pronunciado durante la lectura de la sentencia, que está aún en marcha.
Birmania tomó medidas para impedir nacimientos
Además, la CIJ consideró probado que la ofensiva militar causó «graves daños físicos y mentales» a un número muy elevado de miembros de la minoría musulmana rohinyá, y que el país impuso medidas destinadas a «impedir» los nacimientos dentro de esta comunidad.
Ambas son conductas contempladas y prohibidas en la Convención contra el Genocidio.
Birmania actuó con «intención de destruir» a gran parte de los rohinyás
La CIJ concluyó que Birmania (Myanmar) actuó con la «intención de destruir una parte sustancial» de la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, en la que consideró probados asesinatos masivos, violencia sexual, ataques contra menores y medidas destinadas a impedir nacimientos en esta comunidad.
El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que, tras examinar el conjunto de las pruebas, «la única conclusión razonable» que permite explicar las acciones de Birmania es que existía una «intención de destruir» a una gran parte de la población rohinyá del norte del Estado de Rakáin.
Esta conclusión es fundamental para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, ya que la Convención contra el Genocidio exige demostrar no solo la comisión de determinados actos, sino también la «intención» de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Según la sentencia, las fuerzas de seguridad birmanas cometieron «asesinatos indiscriminados», separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017.

Los jueces consideraron que las pruebas respaldan la estimación de que unas 10.000 personas de esta minoría fueron asesinadas durante la ofensiva, en la que las fuerzas birmanas también cometieron «actos de extrema violencia contra menores» y atacaron a quienes intentaban huir hacia el vecino Bangladés

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