México propone prohibir celulares y dispositivos móviles en las escuelas de educación básica
Ciudad de México.- El senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles personales durante la jornada escolar en los niveles de educación básica en México.
La iniciativa plantea modificar el artículo 84 de la ley para impedir el uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil en las escuelas, salvo en casos de emergencia o por necesidades educativas especiales.
De acuerdo con la propuesta, el personal docente y directivo estaría facultado para retener los dispositivos de los estudiantes durante el horario escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida, y devolverlos al término de la jornada.
Al presentar la iniciativa, Anaya Gutiérrez explicó que la propuesta responde a un fenómeno creciente en las aulas mexicanas: el uso indiscriminado de dispositivos móviles y su impacto en la atención, la convivencia escolar y el sentido formativo del espacio educativo.
Prohibición de móviles en el aula, a análisis en México
En un comunicado, el legislador sostuvo que el objetivo es recuperar a la escuela como un entorno de atención plena, reflexión y desarrollo humano integral, al favorecer la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción directa entre alumnos y docentes.
Asimismo, señaló que el establecer límites claros al uso de la tecnología busca proteger el derecho de la niñez a una educación de calidad en un entorno sano y equilibrado, además de reducir riesgos asociados, como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y la dependencia a la conectividad constante.
El senador aclaró que la iniciativa no pretende frenar el progreso tecnológico, sino asegurar que la tecnología sea un apoyo complementario en el proceso educativo y no un sustituto de la interacción humana en el aula.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y eventual dictaminación.
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