Mujeres con discapacidad revelan enfrentan violencia sexual y económica en Costa Rica

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Otra de las conclusiones del documento señala que “la carencia de conocimientos desalienta la demanda por los servicios, impide a las mujeres tomar decisiones informadas, aumenta el riesgo de embarazos no deseados o de contraer infecciones de transmisión sexual”.

Los datos del estudio indican que el 50 % de las mujeres con discapacidad mencionaron que no han recibido información sobre salud sexual y reproductiva, lo que se considera “un rezago significativo si se consideran los riesgos y vulnerabilidades que enfrenta esta población”.

En el tema de la violencia, las evidencias estadísticas las formas de violencia económica son vividas en un 11,1 % por las mujeres con discapacidad, quienes sufren coacciones en la administración de sus activos.

Asimismo, la violencia psicológica, reflejada en gritos, humillaciones y descalificaciones, afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad.

En cuanto a la violencia sexual, un 20,5% de las mujeres con discapacidad reconoció haber sido objeto de un acto violento de naturaleza sexual.

“Los cuestionamientos al libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el control sobre decisiones vitales como la elección de la pareja, la crianza de hijos e hijas y la administración del patrimonio, unido a los patrones socioculturales asociados a la ‘misericordia’, la ‘caridad’ y la ‘lástima’, exponen a las mujeres con discapacidad a situaciones de diversas manifestaciones de violencias, a la vez que limitan su desarrollo pleno”, concluye el estudio.

La jefa de la oficina de UNFPA en Costa Rica, Paula Antezana, dijo en la presentación del estudio que “las personas con discapacidad han sido históricamente dejadas atrás en los avances del desarrollo y la justicia social” y que ante ello “la Agenda 2030 se ha propuesto cerrar esta enorme brecha”.

Agregó que la Encuesta Nacional de Discapacidad ayuda a llenar el vacío de información y brinda una oportunidad para “diseñar intervenciones adecuadas que permitan garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva y a una vida libre de violencia y discriminación, en especial a las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad”.