Nicaragua excarcela a 1.500 presos comunes con motivo de las Fiestas Patrias

San José.- El Gobierno de Nicaragua excarceló este lunes a 1.500 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo de las Fiestas Patrias.

Los 1.500 presos recibieron el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua y conocida como ‘La Modelo’, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información oficial.

En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, dijo que el Gobierno otorgó ese beneficio a los reos en saludo a las Fiestas Patrias y al poeta y político Rigoberto López Pérez, quien hace 70 años dio muerte a balazos al expresidente y dictador nicaragüense Anastasio Somoza García.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentó a 7.900 en lo que va de año, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

En julio pasado, el Gobierno de Nicaragua excarceló a 2.000 reos comunes por el 47 aniversario de la revolución sandinista que se conmemora el 19 de julio.

Esa misma cantidad excarceló el pasado 30 de mayo, con motivo del Día de la Madre Nicaragüense, que se conmemora ese día.

Los pasados 2 de febrero y 1 de abril, el Ejecutivo sandinista indultó en cada fecha a 1.200 presos comunes. Las primeras excarcelaciones se otorgaron por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018), y las segundas se dieron por motivo de la Semana Santa.

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 55.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, con el argumento de que tras estas decisiones se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 condenados, la mayor cantidad en el último decenio.