Ocho países de Latinoamérica rechazan “acciones desestabilizadoras” en Bolivia

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron este viernes «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático» en Bolivia, en el contexto de las protestas y bloqueos de carreteras iniciados hace diez días, que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
«Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025», expresó un comunicado conjunto entre los ocho países, difundido por la Cancillería argentina.
La declaración regional se conoció en medio de una escalada de las protestas impulsadas por sectores campesinos y sindicales que mantienen carreteras bloqueadas, principalmente en el departamento de La Paz y la ciudad vecina de El Alto.
Según las autoridades bolivianas, estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos y al menos tres personas han fallecido por no recibir asistencia médica adecuada.
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su «preocupación» ante la situación y reiteraron su «solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano».
«Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, señaló el comunicado.
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La posición del Gobierno de Bolivia
Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten “destrozar” la democracia “se van a ir a la cárcel” y sostuvo que las protestas forman parte de un intento de desestabilización contra su Gobierno.

El mandatario también cuestionó a sectores vinculados al expresidente Evo Morales (2006-2019), cuyos seguidores marchan hacia La Paz para exigir su renuncia, mientras el exgobernante rechazó las acusaciones oficiales de financiar las movilizaciones sociales.

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