La ONU: La transmisión en vivo de una ejecución, como anuncia EE.UU., podría equivaler a tortura
El organismo de derechos humanos considera que la retransmisión de una ejecución pública violaría la prohibición absoluta de la tortura y podría constituir una vulneración del derecho a la vida.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes que transmitir en directo la ejecución de una persona podría constituir una forma de tortura, una práctica absolutamente prohibida por el derecho internacional.
La portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, afirmó que las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante, en respuesta a los casos registrados en Afganistán e Irán.
«La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y supondría una violación de la prohibición absoluta de la tortura», señaló Shamdasani.
Estados Unidos plantea transmitir una ejecución
La advertencia de la ONU se produce después de que el Gobierno de Estados Unidos señalara que la población podría presenciar en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, excomandante del Ejército estadounidense condenado a muerte por matar a 13 personas en un ataque ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.
Según la información difundida, la ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre y se llevaría a cabo mediante un pelotón de fusilamiento.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que se garantizaría que la población pudiera presenciar el procedimiento.
La ONU advierte sobre una posible violación del derecho a la vida
Ante esta posibilidad, el organismo de Naciones Unidas reiteró que la prohibición de la tortura es absoluta y que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
La portavoz advirtió que incumplir esa prohibición «convertiría inevitablemente la ejecución en arbitraria y daría lugar a una violación del derecho a la vida».
La posición de la ONU pone de relieve las preocupaciones jurídicas y de derechos humanos que plantea la retransmisión pública de una ejecución, especialmente por su posible carácter degradante y por las obligaciones internacionales de los Estados en materia de protección de la dignidad humana.
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