Santiago.– El nuevo Código Penal dominicano abrió un nuevo frente de confrontación entre organizaciones sociales del Cibao, que advierten que la legislación podría convertirse en una herramienta de control social, censura y criminalización de derechos fundamentales, particularmente la protesta, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Las advertencias fueron formuladas previo al panel “Nuevo Código Penal: impacto en los derechos del pueblo”, celebrado en el aula de maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Recinto Santiago, donde representantes de organizaciones populares, feministas y ambientales, profesionales, estudiantes y líderes comunitarios sometieron la nueva normativa a un análisis crítico.
La activista feminista y vocera del movimiento Hermanas Mirabal, Raquel Rivera, sostuvo que el propósito de la jornada es colocar el Código Penal bajo la lupa de los sectores populares y generar un proceso de reflexión sobre las consecuencias que podría tener su aplicación en las comunidades más vulnerables.
Rivera cuestionó que el debate público se concentre en presentar las disposiciones favorables de la nueva legislación sin explicar con igual intensidad qué derechos podrían quedar comprometidos y quiénes serían los principales afectados por su aplicación.
“Hay que conocer qué implica este nuevo Código Penal para los sectores de menores ingresos, para las personas vulnerables y para la población en general”, planteó.
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Periodista alerta sobre una posible mordaza
Uno de los planteamientos más contundentes surgió del periodista Esteban Rosario, quien advirtió sobre disposiciones que, según su valoración, podrían generar mecanismos de censura y afectar directamente el trabajo de los medios de comunicación.
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Rosario sostuvo que es necesario desmontar las narrativas que presentan la nueva normativa como una legislación sin consecuencias para el ejercicio de la comunicación y llamó a periodistas, estudiantes y nuevos profesionales a estudiar a fondo sus alcances.
Advirtió que las implicaciones del Código Penal también podrían extenderse al entorno de las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación, por lo que consideró imprescindible que las nuevas generaciones de periodistas conozcan los riesgos jurídicos que podrían enfrentar en el ejercicio de su profesión.
Estrella Monchy cuestiona penas de hasta 60 años
El jurista Ramón Estrella Monchy llamó a abrir una discusión nacional sobre el modelo de justicia penal que se está construyendo en República Dominicana.
Recordó que el país abandona un Código Penal que databa de 1844 para adoptar una normativa que incorpora nuevos tipos penales, modifica sanciones y endurece el tratamiento de determinadas conductas.
Pero lanzó una pregunta que coloca el debate en otro nivel: ¿las penas de hasta 60 años de prisión constituyen una cadena perpetua encubierta?
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Estrella Monchy, quien se identificó con una corriente de pensamiento favorable a las libertades, rechazó que la respuesta frente al delito sea exclusivamente el encarcelamiento.
Sostuvo que la política criminal debe procurar la rehabilitación y reinserción de quienes delinquen y cuestionó el costo que representa para el Estado mantener durante décadas a una población penitenciaria cada vez mayor.
También planteó que combatir el delito exige atacar sus causas sociales, entre ellas la falta de empleo, exclusión, marginalidad, ausencia de oportunidades educativas y consumo de drogas.
“El problema no puede reducirse a cómo castigar el delito; también hay que discutir qué lo provoca”, fue el eje de su planteamiento.
El jurista advirtió, además, sobre el riesgo de crear una sociedad gobernada por el miedo a las sanciones, en lugar de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes.
Movimiento popular declara la batalla por la protesta
El vocero de la coalición de grupos populares, sociales, feministas y ambientales del Cibao, Osvaldo Brito, fue aún más directo al fijar la posición de las organizaciones.
Calificó el nuevo Código Penal de “antipueblo” y “antidemocrático” y sostuvo que detrás de algunas de sus disposiciones existe un modelo de control social que, a su juicio, favorece a los sectores de mayor poder económico.
Brito puso especial énfasis en el derecho constitucional a la protesta y afirmó que las organizaciones sociales no permitirán que ese mecanismo de participación ciudadana sea criminalizado.
Advirtió que el movimiento popular continuará denunciando lo que considere violaciones a la Constitución y defendiendo el derecho de los ciudadanos a expresarse, protestar y reclamar reivindicaciones.
“No vamos a renunciar al derecho legítimo a la protesta”, afirmó.
El dirigente adelantó que el panel constituye apenas el punto de partida de un proceso de análisis, crítica y movilización que llevará la discusión del nuevo Código Penal a universidades, comunidades y organizaciones sociales.
La jornada se realiza con un mensaje claro de sus convocantes: el debate sobre el nuevo Código Penal apenas comienza y los sectores sociales del Cibao pretenden convertir sus posibles efectos sobre los derechos ciudadanos en uno de los principales temas de discusión pública.
