RD, Costa Rica y Ecuador tildan de ilegal retiro de nacionalidad a nicaragüenses en Guatemala

Santo Domingo.- República Dominicana, Costa Rica y Ecuador deploraron este viernes «la decisión arbitraria e ilegal del régimen nicaragüense» de despojar de la nacionalidad a «135 presos políticos» que ahora se encuentran en Guatemala y pidieron que se restablezcan sus derechos.

En un comunicado conjunto del que informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, los tres países, integrantes de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, subrayan que, de acuerdo con el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, «toda persona tiene derecho a la nacionalidad y nadie debe ser privado arbitrariamente de esta».

Por ello, República Dominicana, Costa Rica y Ecuador hacen un llamamiento a Nicaragua para que restablezca los derechos de sus ciudadanos, a quienes se despojó de «la nacionalidad y de sus derechos ciudadanos, incluyendo la confiscación de sus bienes».

Los Gobiernos de esos tres países hacen referencia así a los 135 excarcelados que salieron de Nicaragua el 5 de septiembre y están en Guatemala actualmente.

La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución en la que ordenó «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional», según se informó el pasado 10 de septiembre.

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Estos 135 apátridas se suman a los 317 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».