Puerto Rico.– El Senado de Puerto Rico aprobó este lunes una medida que propone reducir de 21 a 18 años la mayoría de edad civil y administrativa, otorgando a los jóvenes plena capacidad para realizar distintos actos jurídicos sin requerir el consentimiento de sus padres.
El Proyecto del Senado 1245, presentado por el senador Ángel Toledo López, establece que desde los 18 años una persona podrá realizar actos civiles, contraer matrimonio, consentir tratamientos médicos, ejercer el comercio y otorgar un testamento ológrafo. La iniciativa también introduce modificaciones relacionadas con adopción, emancipación y tutela.
Toledo López ha argumentado que el cambio pretende colocar a Puerto Rico en consonancia con otras jurisdicciones de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, además de eliminar obstáculos que actualmente enfrentan las personas entre 18 y 20 años para firmar contratos de alquiler, adquirir determinados servicios o iniciar un negocio sin autorización de sus padres.
Beneficios podrán extenderse más allá de los 18 años
Aunque la iniciativa reconoce la mayoría de edad desde los 18 años, el texto aprobado establece protecciones para evitar que el cambio provoque automáticamente la pérdida de determinados beneficios y servicios.
Cumplir los 18 años, por sí solo, no será causa para cancelar pensiones alimentarias, cobertura médica, tratamientos de salud, educación especial, cuidado sustituto, vivienda, asistencia social o programas de transición.
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Asimismo, se mantiene la jurisdicción de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y la continuidad de las pensiones alimentarias hasta los 21 años y, bajo determinadas circunstancias académicas, hasta los 25.
Advirtieron sobre posibles repercusiones
Durante las vistas públicas, distintas agencias y organizaciones plantearon inquietudes sobre las consecuencias que podría tener la reducción de la mayoría de edad en áreas como las pensiones alimentarias, los servicios de salud mental, la emancipación y otras leyes que mantienen los 21 años como edad mínima.
El Departamento de Justicia y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico favorecieron la propuesta, aunque recomendaron armonizarla con otras legislaciones y establecer un proceso de transición.
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Por su parte, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) solicitó incluir protecciones específicas para jóvenes vulnerables que reciben tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias. ASUME no asumió una posición sobre la medida y expresó inquietudes por la ausencia de un estudio socioeconómico y por sus posibles implicaciones para la administración de las pensiones alimentarias.
La propuesta revive un cambio que Puerto Rico ya había adoptado en el año 2000, cuando se estableció la mayoría de edad a los 18 años. Esa legislación fue derogada en 2001 debido a que, según recordó Toledo López, no contempló adecuadamente las implicaciones civiles ni las modificaciones necesarias al Código Civil.
