WASHINGTON, EE. UU.- Un tribunal federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visados de Trump que afectaba a ciudadanos de 75 países, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al aplicar la medida.
La decisión fue emitida por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien determinó en una sentencia de 61 páginas que la política migratoria era «manifiestamente ilegal».
Jueza cuestiona la suspensión de visados
La magistrada cuestionó además el argumento utilizado por el Gobierno de Trump para justificar la suspensión, según el cual los solicitantes procedentes de los países incluidos en la lista representaban un elevado riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
Vargas señaló que funcionarios estadounidenses recibieron instrucciones de rechazar solicitudes de visado incluso cuando los inmigrantes cumplían con los requisitos establecidos y tenían posibilidades de mantenerse económicamente por sí mismos.
Según el fallo, esta práctica contravenía las normas que establecen que las solicitudes deben ser evaluadas de manera individual y tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada persona.
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Un portavoz del Departamento de Estado declaró a EFE que la institución no suele pronunciarse sobre litigios legales pendientes. No obstante, defendió la política de la Administración y aseguró que mantiene estrictos procesos de evaluación y verificación para quienes solicitan visas.
Países afectados por la medida de Trump
La política migratoria incluía a 75 países, entre ellos varias naciones de América Latina y el Caribe.
En la lista figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También estaban incluidos Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
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La suspensión de la emisión de visados comenzó a aplicarse en enero y generó múltiples cuestionamientos por parte de personas afectadas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Entre quienes llevaron el caso ante los tribunales se encuentran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas bajo la nueva política, así como seis ciudadanos estadounidenses que denunciaron perjuicios para familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía.
Fallo podría beneficiar a miles de solicitantes
La decisión judicial también dejó sin efecto las denegaciones de visado que se hayan basado exclusivamente en la política cuestionada.
Esto abre la posibilidad de que miles de solicitudes que fueron rechazadas bajo esa medida sean revisadas nuevamente por las autoridades estadounidenses.
Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, calificó el fallo como una victoria para numerosas familias afectadas por la política migratoria.
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La representante de la organización sostuvo que la decisión establece que las leyes de inmigración no pueden utilizarse como fundamento para discriminar a personas por su país de origen.
Organizaciones celebran la decisión judicial
La presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, también valoró la decisión y consideró que representa un rechazo a una política que, a su juicio, provocó daños a familias y comunidades dentro y fuera de Estados Unidos.
El fallo representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump y podría obligar al Gobierno estadounidense a revisar parte de las decisiones adoptadas desde la entrada en vigor de la suspensión.
La resolución también mantiene abierto el debate sobre los límites de las facultades del Ejecutivo en materia migratoria y sobre la obligación de analizar de manera individual las solicitudes de visa.
