Tensión en Bolivia: miles de personas marchan en La Paz en la cuarta semana de protestas

Miles de manifestantes marchan este lunes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien anunció que reducirá a la mitad su sueldo en un intento de calmar las protestas que entraron ya en su cuarta semana.
El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.
Miles de vecinos, mineros, campesinos y trabajadores de fábrica desfilaron por calles y avenidas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“¡El pueblo está emputado (molesto)!”, gritan algunos manifestantes.
Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.
“¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, grita la muchedumbre que detonó petardos, mientras bajaban hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto, constataron periodistas de AFP.
Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país.
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La carestía de medicamentos, gasolina y alimentos se registra principalmente en La Paz y su vecina en El Alto. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
“¡Estamos enojados!”
Los camiones están parados y esperando a ser desbloqueados mientras el personal de seguridad intenta abrir “corredores humanitarios” en medio de las protestas a nivel nacional con el objetivo de presionar al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz para que revoque las medidas de austeridad y aborde el aumento del coste de la vida, en Apacheta, Bolivia, 23 de mayo de 2026.
El sábado hubo enfrentamientos cuando policías y militares intentaron sin éxito habilitar un ingreso a La Paz y El Alto de convoyes con gasolina, medicamentos y alimentos. Fueron frenados por civiles que usaron piedras y palos.
“Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, dice Julia Ramírez, campesina aymara de 57 años.
Félix Mamani, minero 27 años, asegura a la AFP: “Estamos enojados, porque nos han mentido” el gobierno de Paz.
Los manifestantes llegaron al centro de La Paz, pero el acceso a la plaza de armas está cercado por cientos de policías antimotines.
Hay varias barricadas de uniformados en las calles de acceso con vallas metálicas, rejas y cadenas.
Vendedores al menudeo comercian con cubrebocas y vinagre, para amainar los efectos de gas lacrimógeno, lanzados en las marchas de la semana pasada.
En un discurso que pronunció en la sureña ciudad de Sucre, en un aniversario cívico, el presidente anunció que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros.
La medida es casi simbólica. El ingreso mensual del jefe de Estado es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y su reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.
El presidente llamó de nuevo este lunes al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con manifestantes radicales que usen la violencia.
“Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió.
El gobierno boliviano ha denunciado que estas movilizaciones buscan “alterar el orden democrático” y acusó de instigarlas al ex presidente socialista Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor.
El líder cocalero instó al gobierno el domingo a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
El domingo, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos, pero la reunión no se realizó por los enfrentamientos del sábado con la policía.
La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, ha expresado un firme apoyo a la democracia boliviana.
El secretario de Estado, Marco Rubio dijo la semana pasada que Estados Unidos no permitirá “que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente.

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