Trump firma un acuerdo bipartidista y pone fin al cierre parcial de Seguridad Nacional

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este jueves una ley bipartidista aprobada por la Cámara baja para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin a un cierre parcial que se prolongó durante más de 10 semanas, aunque el acuerdo deja fuera a las agencias migratorias, cuyo presupuesto se negociará por separado.

La firma fue confirmada y difundida por la Casa Blanca, que destacó que el acuerdo garantiza la continuidad de operaciones clave del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo la seguridad aeroportuaria, la protección de altos funcionarios y la respuesta a emergencias.

El texto fue aprobado previamente por el Congreso con apoyo de demócratas y republicanos, tras semanas de negociaciones marcadas por desacuerdos sobre el financiamiento de las agencias migratorias, que quedaron excluidas del paquete y serán abordadas en una legislación separada en las próximas semanas.

Negociaciones sobre migración

El cierre parcial está activo desde el 14 de febrero por el boicot de los demócratas a la hora de aprobar presupuestos en protesta por la muerte de dos ciudadanos en enero a manos de agencias de inmigración -dependientes de este Departamento- en el marco de las grandes redadas aprobadas por el Gobierno de Trump.

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De este modo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quedan excluidas de la medida de financiación aprobada hoy.

El texto aprobado no incluye recursos para la aplicación de leyes migratorias, lo que representa una concesión significativa a los demócratas y un repliegue del liderazgo republicano encabezado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson.

No obstante, queda en el aire la negociación de reformas a las leyes migratorias y, en particular, a los atributos y límites de actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un fuerte pulso político entre demócratas, que exigen mayores controles sobre el uso de la fuerza, la identificación de los agentes y las detenciones, y republicanos, que buscan ampliar los recursos y capacidades operativas de estas agencias en futuras legislaciones.