El Gobierno de Trump abre investigación contra la Universidad de Duke por “discriminación”

El Gobierno de Estados Unidos abrió este lunes una investigación formal contra la Universidad de Duke y su revista jurídica por haber incurrido en presuntas “prácticas discriminatorias”.

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento inició la pesquisa luego de recibir denuncias sobre el proceso de selección de la revista jurídica de Duke, asegurando que otorgaba puntos adicionales a postulantes que “hicieran referencia a su raza o etnia en sus declaraciones personales”, según indicó el Departamento de Educación en un comunicado.

Duke, con sede en Carolina del Norte, se convierte así en la última institución educativa en entrar en el punto de mira del Gobierno de Donald Trump, que ha lanzado una batalla ideológica contra las universidades.

El presidente ha asegurado que los centros de educación superior han sido controlados por la “extrema izquierda” y ha tomado acciones para sancionar y prohibir los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, que buscan solventar las desigualdades sociales en el acceso a la educación y la composición del profesorado.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., enviaron una carta conjunta a la dirección de Duke expresando su preocupación por el uso de “criterios raciales en contrataciones, admisiones y otorgamiento de becas”, particularmente en el sistema de salud de la universidad.

“Me enorgullece asociarme con el secretario Kennedy para garantizar que Duke se comprometa con la excelencia, la integridad y el respeto a la ley en la formación de los futuros líderes del país”, afirmó McMahon.

“Otorgar un trato preferencial ilegal basado en características inmutables es una afrenta no solo a las leyes de derechos civiles, sino también al carácter meritocrático de la excelencia académica”, agregó.

La decisión de investigar a Duke llega pocos días después de que la Universidad de Columbia, en Nueva York, decidiera pagar una multa de 200 millones de dólares para dar por cerradas las acusaciones que la Administración de Donald Trump vertió contra ella por supuesto antisemitismo.