Abogados niegan desalojo ilegal y acusan a Manuel María Mercedes de promover invasiones en Villa Mella

Santo Domingo.– El bufete Garrido Corporán & Asociados rechazó categóricamente las denuncias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) sobre supuestas irregularidades en los desalojos realizados en el sector La Virgen, de Villa Mella, asegurando que el proceso fue plenamente legal y ejecutado conforme a las decisiones judiciales vigentes.

El abogado Euclides Garrido Corporán explicó que el desalojo fue autorizado por el Abogado del Estado mediante el oficio No. 585 del 17 de septiembre de 2025, y se realizó en presencia de la Policía Nacional y un ministerial actuante, “respetando el debido proceso en todo momento”.

“Esto es falso de toda falsedad. El primer desalojo se hizo mediante el oficio 1272, de fecha 11 de noviembre de 2010, firmado por el abogado del Estado Fermín Castilla Minaya. Desde entonces hemos estado peleando contra esos invasores”, aseguró Garrido Corporán.

El jurista sostuvo que las denuncias de la CNDH y de su presidente, Manuel María Mercedes, son “una mentira y un chantaje”, y acusó directamente al dirigente de “ser el responsable de promover invasiones en Villa Mella y La Victoria”.

“Quisiera que ellos presenten un certificado de título y que digan quién los puso ahí. Manuel María Mercedes es responsable de todas esas invasiones. Lo digo responsablemente”, enfatizó.

Según explicó, actualmente unas ocho o nueve familias ocupaban una porción del terreno, aunque recordó que en un desalojo anterior se retiraron unas 127 casas. Indicó además que, tras “muchos ruegos y presión”, el bufete logró obtener el auxilio de la fuerza pública para ejecutar la decisión judicial, cumpliendo con todos los requisitos legales.

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El abogado reiteró que los terrenos en disputa cuentan con documentación legal y certificaciones que acreditan su propiedad, y pidió a las autoridades investigar las actuaciones de la CNDH-RD, señalando que esa institución “no está llamada a patrocinar invasiones ni a proteger la delincuencia”.

“Esa institución es muy seria, pero aquí parece que se ha cambiado su concepto. No puede dedicarse a patrocinar invasores de propiedad”, manifestó Garrido Corporán.

Finalmente, el bufete solicitó a las autoridades competentes determinar si las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ajustan a la ley, o si están siendo utilizadas como escudo para grupos invasores.