Abogados piden a Yeni Berenice investigar intercambios de disparos entre policías y delincuentes

Un grupo de abogados penalistas solicitó este lunes a la procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso, y a las autoridades del Ministerio Público que ordenen una investigación independiente sobre los presuntos intercambios de disparos reportados por la Policía Nacional, ante la cantidad de personas que, según denunciaron, han muerto en estos hechos.

Durante una rueda de prensa realizada en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el abogado Cándido Simón informó que los juristas documentaron 27 casos y contabilizaron 47 muertes en un período de 45 días, cifras que, según explicó, representan más de una persona fallecida por día en supuestos enfrentamientos con agentes policiales.

“Estamos requiriendo, formalmente, a la procuradora general de la República, y si hay fiscales involucrados, y a Wilson Camacho también, para que intervengan y ordenen una investigación independiente de los alegados intercambios de disparos que está invocando la Policía”, expresó.

Simón consideró necesario que las autoridades revisen las circunstancias de cada caso y comprueben si los hechos ocurrieron como fueron presentados en los informes policiales.

En ese sentido, cuestionó la falta de evidencias audiovisuales que permitan verificar los enfrentamientos y pidió que se examinen las grabaciones de las cámaras que utilizan los agentes durante sus intervenciones.

“Que investiguen a ver si nos están mintiendo y que procesen al que esté mintiendo, al que esté asesinando asesinos, porque es lo mismo”, manifestó el jurista.

Cuestiona actuación policial

El abogado advirtió que las muertes durante los presuntos intercambios de disparos podrían afectar los esfuerzos de reforma de la Policía Nacional y aumentar los niveles de violencia en el país.

“Si estamos regresando al mismo punto inicial en que hay que matar delincuentes para erradicar la delincuencia, convirtiéndose los policías en la misma actividad delictiva que los que persiguen, entonces estamos prácticamente desmontando los esfuerzos por la reforma policial”, sostuvo.

Simón insistió en que las autoridades deben priorizar los arrestos y el sometimiento a la justicia de las personas señaladas por hechos delictivos, en lugar de recurrir a la fuerza letal.

“Lo que estamos invocando es que los arresten para procesarlos y no que los maten a título como de venganza social, porque la delincuencia no va matando delincuentes”, afirmó.

También consideró que la violencia policial representa un riesgo para toda la ciudadanía, debido a que cualquier persona podría verse afectada por una actuación irregular.

“En cualquier momento puede corresponderle, Dios no lo quiera, a un hermano suyo, que no tenga que ver con uno, o un hijo, o un primo, un pariente, un amigo. Ese es un riesgo que estamos corriendo todos”, advirtió.

Presenta cifras de muertes en septiembre

Durante sus declaraciones, Simón citó estadísticas que atribuyó al mes de septiembre, según las cuales murieron 99 personas en distintas circunstancias: 45 a manos de la Policía, 10 por acciones de delincuentes y 34 en conflictos entre ciudadanos.

“Entonces suma 34 más 45, te da 79. No estamos diciendo que la actividad delictiva no se haya avanzado, lo que estamos diciendo es que nuestro organismo de seguridad está incurriendo en los mismos delitos que los comunes”, expresó.

El jurista también cuestionó que, en algunos casos, las autoridades aleguen dificultades para localizar a personas con órdenes de arresto, pero posteriormente reporten su muerte durante intervenciones policiales.

“Para apresarlos no los encontraron, pero para matarlos sí”, manifestó, al reclamar explicaciones sobre la forma en que se ejecutan estos operativos.

Asimismo, señaló que la presencia de personas con múltiples órdenes de arresto en las calles obliga a revisar los mecanismos de persecución y respuesta de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

Pide evitar que aumente la violencia

Simón sostuvo que la solución a la delincuencia no puede fundamentarse en la muerte de las personas señaladas como responsables de hechos criminales, sino en su arresto, investigación y posterior sometimiento a la justicia.

Como ejemplo, mencionó el caso de Julián Maduro, al señalar que las personas involucradas fueron apresadas y que las autoridades actuaron sin necesidad de recurrir a la muerte de los señalados.

“Están todos presos. No mataron a nadie y la Policía y los fiscales le llegaron a tiempo. A los que están hasta ahora. Si falta más, van a llegar. Pero no hubo que matar a nadie para resolverlo”, afirmó.

Finalmente, el abogado reiteró el llamado a las autoridades para que investiguen los casos denunciados, determinen si hubo actuaciones irregulares y sometan a la justicia a quienes resulten responsables.

“Tenemos que entrar en un estado de civilidad”, concluyó.