Anadive muestra preocupación por aprobación de ley de Residuos Sólidos sin escuchar sectores

La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) mostró su preocupación por la aprobación en el Senado de manera acelerada el proyecto de modificación de la Ley 98-25 (antigua 225-20) de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sin escuchar los actores involucrados que resultarán afectados por la referida legislación.

Cesar De los Santos presidente de la entidad manifestó que ocurrió sobre todo sin contar con el respaldo de un Estudio Técnico -Económico que sustente la toma de decisión, en un tema sensible a las operaciones y competitividad de las empresas, muy especialmente a las pequeñas, medianas y MiPymes, que pone en peligro su subsistencia y el empleo.

Indicó que se recuerda, que, en el primer cuatrimestre de este mismo año, las autoridades hicieron un “acuerdo verbal” con las asociaciones empresariales para llegar a un consenso y adecuar la referida ley.

“Nos unimos a las voces que aspiran a una ley moderna de Residuos sólidos, pero que tome en cuenta las dificultades de las pequeñas empresas, la equidad fiscal y visión de futuro de la nación, sin mutilar las posibilidades del desarrollo nacional” afirmó.

“Reconocemos, que la pieza legislativa que ahora, pasará a la Cámara de Diputados ofrece una gran oportunidad para elaborar un proyecto equilibrado, de conformidad con el interés nacional y las aspiraciones de las asociaciones, entidades y empresas que presentan objeciones y sugerencias” precisó el presidente de ANADIVE.

Dijo que se hace evidente en un espacio plural y democrático, la necesidad de ampliar la consulta, el dialogo constructivo y la deliberación técnica, a fin lograr una normativa más “imparcial, equitativa y justa”, que promueva la formalización y crecimiento de las pequeñas empresas; y que vite llevarla a la quiebra.

Cesar De los Santos señaló que, en el proyecto aprobado, y que ahora será conocido de nuevo, por la cámara de Diputados persisten varias inequidades, que pudiesen ser entendidas corregidas o enmendadas con buena voluntad, por lo que hacemos las siguientes precisiones:

Sostuvo que en cuanto a las actividades del sector de los distribuidores de vehículos, una parte representativa son intermediarios, que obtienen un margen de comercialización bajo (entre 3 y 5%), aunque pueden tener alto volumen de operación y venta, sus ingresos reales y utilidades, los obtienen en base a comisiones por venta.

Recordó que como tal es reconocido en DGII para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Tal como afirmamos anteriormente, el proyecto aprobado tiene “un pecado original”. Según los principios contables, es ilusorio gravar los ingresos por venta, pues al momento de realizar las operaciones, las empresas tienen que restar el costo de las mercancías, recibiendo sólo las utilidades o beneficios brutos.

Manifestó que, por ejemplo, una empresa que vende RD$ 100 millones al año y el costo de la mercancía puesta a la venta le cuesta RD$ 95.0 millones, tiene un margen de 5%, es decir, RD$ 5.0 millones de utilidades brutas.

Por lo que es incorrecto gravar el ingreso total por venta, pues nadie debe pagar por un beneficio que no ha recibido. 3. Se Requiere evitar la doble tributación, pues los vehículos de motor pagan entre 1 y 3%, del valor CIF (costo, seguro y flete), por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero relativos al carbono (CO2), y también las empresas cubren adicional la recogida de desechos sólidos (basura), situación que el proyecto de Ley debe tomar en cuenta.

Observando las cantidades de las “Contribuciones” de la Ley 225-20 (Original), en comparación con los valores propuestos por el Proyecto de Modificación (aprobado por los Senadores), todavía registra valores excesivos, aumenta las categorías de los montos entre RD$ 3,000. y RD$ 675,000, lo que incrementa los valores porcentuales a pagar, en varios renglones.

Como es de conocimiento de todas las empresas que constituyen parte del sector automotriz, que representamos, son grandes contribuyentes con altas tasas impositivas (aduanales y fiscales), que sirven para el sostenimiento del aparato estatal, por lo hay que evitar cualquier medida que altere sus operaciones y el clima de negocios.