Santo Domingo.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pautada para este jueves 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar del proceso seguido contra la comunicadora Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, imputada por presuntos actos reiterados de difamación e injuria en perjuicio de la periodista Iluminada Muñoz. La vista se celebrará en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Origen del proceso
Según informaron los abogados de Muñoz, el caso se originó a partir de una querella penal presentada en 2024, luego de una supuesta campaña de descrédito que —de acuerdo con lo alegado— se habría extendido durante varios años a través de publicaciones, declaraciones y contenidos difundidos en distintas plataformas y espacios públicos. El Ministerio Público realizó una investigación sobre los hechos denunciados y recopiló los elementos vinculados a dichos contenidos.

Recomendamos leer:La Tora enfrentará audiencia por presunta difamación e injuria contra periodista
Dos años de proceso, sin ampliación a terceros
El proceso, que ya acumula dos años desde su inicio, se mantiene enfocado exclusivamente en la señora Pérez Ramírez. Pese a versiones que circulaban sobre una posible estrategia para someter a otras personas, se ha descartado cualquier intención de ampliar el caso hacia terceros: se trata, hasta el momento, del único proceso judicial en curso relacionado con estos hechos.

Lo que busca la parte querellante
La defensa de Muñoz sostiene que el objetivo es que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes conforme a las pruebas que se presenten durante el proceso. Sus representantes legales indicaron además que, de establecerse una reparación económica a favor de la periodista, los recursos serían destinados a fortalecer el ejercicio profesional de la comunicación y a respaldar instituciones vinculadas con la prevención y atención del cáncer en República Dominicana.
Próximos pasos
El proceso continuará con la evaluación de los elementos presentados por ambas partes, correspondiendo al tribunal determinar las actuaciones procesales conforme a la legislación vigente.



