Santo Domingo.– Una comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia la modificación de la Ley 339-22, que habilita y regula el uso de medios digitales en los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial, recibió este jueves a representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para conocer sus propuestas de actualización de la normativa.
El diputado Tobías Crespo, presidente de la comisión, explicó que la iniciativa busca adecuar la legislación a los avances tecnológicos y a las experiencias acumuladas durante sus cuatro años de implementación.
“Estamos escuchando al Poder Judicial sobre esa modificación”, indicó Crespo, quien señaló que la evolución de la justicia digital hace necesario ajustar el marco jurídico a las nuevas herramientas y necesidades surgidas desde 2022.
El legislador precisó que el proyecto, presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto a otros congresistas, plantea modificaciones específicas a los artículos 5, 12 y 14, así como a varios de sus párrafos.
Crespo recordó que el impulso de la justicia digital cobró especial relevancia durante la pandemia de COVID-19, cuando los tribunales tuvieron que recurrir a herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad de los procesos judiciales.
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SCJ plantea firma digital gratuita y audiencias híbridas
Durante el encuentro, la jueza de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo explicó que uno de los principales cambios procura facilitar a abogados y auxiliares de la justicia el acceso, sin costo, a mecanismos de firma digital para la tramitación de documentos.
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Salcedo destacó que el Poder Judicial avanza hacia la consolidación del expediente electrónico y aseguró que actualmente cuenta con más de nueve millones de documentos digitalizados.
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Otro de los puntos abordados corresponde a las audiencias virtuales e híbridas. La magistrada sostuvo que la modalidad digital no debe imponerse de manera obligatoria, por lo que una parte podría comparecer presencialmente y otra de forma virtual, preservando la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
Georreferenciación para controlar notificaciones
La propuesta también contempla reforzar la seguridad de las notificaciones realizadas por los alguaciles mediante herramientas de georreferenciación, que permitirían comprobar si el funcionario acudió efectivamente al lugar donde debía realizar la diligencia.
Salcedo explicó que esta medida busca ofrecer mayor seguridad jurídica, transparencia y confianza a los ciudadanos, especialmente ante quejas y procesos disciplinarios relacionados con notificaciones que presuntamente no fueron realizadas correctamente.
La magistrada señaló que el tema adquiere particular importancia en procedimientos sensibles, como los embargos, donde la correcta notificación resulta fundamental para garantizar los derechos de las partes.
La comisión continuará el estudio de la iniciativa con los aportes del Poder Judicial, con miras a actualizar una legislación que, pese a haber sido promulgada hace apenas cuatro años, enfrenta nuevos desafíos derivados de la rápida evolución tecnológica.
