Santo Domingo.- El 3 de diciembre de 2024, Ángel Luís Guzmán, auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Seguro Nacional de Salud (Senasa), llamó al centro de atención telefónica utilizando el código del doctor Carlos Job Ynoa Olivero, para solicitar la autorización de una cauterización cervical por radiofrecuencia.
El procedimiento ginecológico es ambulatorio y mínimamente invasivo, y consiste en utilizar energía de radiofrecuencia para destruir o vaporizar de manera controlada el tejido anormal o lesionado en la superficie del cuello uterino (cérvix), permitiendo que sea reemplazado por tejido sano. Cosa que llamó la atención del representante del Call Center cuando solicitó los datos del paciente.
Seguido de esto «Ángel Luís Guzmán le dice al representante del Call Center que iba a verificar y cierra la llamada sin completar la autorización», dice el expediente en la página 83 del expediente y señala esta situación como una inconsistencia médica objetiva.
El expediente del caso Cobra 2.0. presenta este episodio como una evidencia de que se intentaba gestionar una autorización utilizando información que no coincidía con las características del afiliado.
El Ministerio Público afirma que fueron detectadas consultas de ginecología registradas a nombre de afiliados de sexo masculino, además de otros casos en los que afiliados negaron haber recibido consultas o procedimientos que posteriormente aparecían facturados al seguro.
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Como es el caso de la señora Odalis Suares de los Santos, a la cual le fueron cargados servicios por el Dr. Carlos Job Ynoa Olivero, «a quien esta no conoce ni tampoco ha requerido sus servicios«. Además, el documento señala que al consultar el historial de autorizaciones de dicha afiliada al SENASA, se evidenciaron consultas con la Dra. Luz Esther Reyes Durán, Martha María Saldaña, Wander Manuel Díaz, Víctor Felipe Rodríguez, Elsa Evelyb de la Rosa, todos médicos parte de la estructura criminal y que Suárez de los Santos,
no conoce ni ha visitado.
El expediente también relaciona este caso con una presunta utilización de expedientes clínicos y reclamaciones médicas falsificadas para generar pagos de SENASA.
