Colectivo Migración y Derechos Humanos pide a Abinader eliminar protocolo migratorio en hospitales

Santo Domingo.- Integrantes del Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) acudieron la mañana de este lunes al Palacio Nacional, donde sostuvieron un encuentro con representantes del Gobierno para expresar su rechazo al protocolo migratorio aplicado en hospitales públicos y solicitar su eliminación.

Durante la reunión, los miembros del colectivo defendieron que los centros de salud deben garantizar atención médica sin discriminación y permanecer como espacios seguros para todas las personas, al considerar que el acceso a la salud es un derecho fundamental que no debe estar condicionado por la situación migratoria de los pacientes.

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La organización indicó que su posición cuenta con el respaldo de más de 70 entidades de la sociedad civil, entre ellas Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, CIPAF, CONAMUCA, CE-MUJER, Foro Ciudadano, Fundación Friedrich Ebert, Médicos del Mundo, OBMICA, Red CLAMOR y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), entre otras.

“Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública”, expresaron representantes del CMDH.

El colectivo sostuvo que la presencia de agentes migratorios en centros hospitalarios limita el acceso al derecho a la salud y afecta especialmente a mujeres embarazadas, niñas, niños y personas migrantes haitianas, así como a dominicanos de ascendencia haitiana, personas negras o ciudadanos sin documentos, quienes, aseguran, podrían ser víctimas de perfilamiento racial.

Asimismo, manifestaron que acudieron al Palacio Nacional para solicitar la derogación de una medida que, a su juicio, genera miedo, exclusión y riesgos para la salud de poblaciones vulnerables, además de representar una amenaza para la salud pública nacional.

La organización reiteró que la Constitución dominicana reconoce la salud como un derecho fundamental y establece la obligación del Estado de garantizar un acceso universal y no discriminatorio a los servicios de salud.