Comerciantes de celulares en SDE denuncian presunto abuso durante allanamientos

Santo Domingo Este.- Empresarios y técnicos en reparación de celulares de distintos sectores de Santo Domingo Este denunciaron este viernes supuestos abusos de poder por parte del Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), quienes, aseguran, irrumpieron en sus negocios sin mostrar ninguna orden judicial.

Según relataron, durante los operativos fueron víctimas de maltratos verbales y físicos, mientras sus establecimientos eran allanados de forma abrupta. Los afectados acusan a las autoridades de llevarse herramientas de trabajo, equipos electrónicos, dinero en efectivo y decenas de celulares nuevos y usados sin ofrecer explicación alguna.

“Yo estaba en el establecimiento, ellos llegaron sin identificarse. Uno de los policías me empujó y me maltrató verbalmente. Había un señor en el lugar y también le quitaron sus cosas. Nadie nos explica nada. Tenemos temor de que se queden con lo que es nuestro sustento”, expresó Escarly Núñez, una joven embarazada que asegura fue agredida durante la intervención.

Por su parte, Juan Melo, representante de la tienda AG Smartphone, manifestó que en uno de sus locales “se presentó un grupo con insignias del Dicrim, supuestamente acompañados de una fiscal, pero sin mostrar ninguna orden ni documento que justificara su presencia. Hicieron un allanamiento arbitrario. No nos explicaron nada, como si no tuviéramos derecho a saber lo que está pasando”.

Cristian Bruno, otro de los afectados, reclamó: “Estamos aquí denunciando la injusticia que se está cometiendo. No enseñan orden, no piden documentos. Ellos entran y destruyen todo lo que con años de esfuerzo hemos logrado”.

Los denunciantes calificaron las acciones como un atropello y solicitaron la intervención del procurador general de la República y del director de la Policía Nacional para que investiguen lo ocurrido. Exigen la devolución de sus herramientas y del dinero incautado, asegurando: “Somos trabajadores, no delincuentes”.

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Dirección Central de Investigaciones Criminales han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

Por: Yaser Mejía