Diputado Carlos Sánchez dice presidente de la CNDH «se está extralimitando» por denuncia contra el Estado

Santo Domingo.- El diputado Carlos Sánchez, miembro de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, consideró que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, “se está extralimitando” al anunciar que denunciará al Estado dominicano ante organismos internacionales por las presuntas ejecuciones extrajudiciales durante actuaciones de la Policía Nacional.

Sánchez reconoció que Mercedes y la organización que representa están en su derecho de interponer las acciones legales que consideren pertinentes, aunque cuestionó que se lleve el caso a instancias internacionales cuando, según planteó, el Ministerio Público no ha establecido que las muertes registradas durante alegados enfrentamientos correspondan a ejecuciones extrajudiciales.

“El presidente de los Derechos Humanos está en todo su derecho de interponer una querella, una denuncia, una demanda en cualquier organismo que él considere. Sin embargo, pienso que se está extralimitando”, manifestó el legislador.

El diputado señaló que corresponde al Ministerio Público investigar cualquier actuación que pueda constituir un atropello o una vulneración del derecho a la vida y sostuvo que, hasta el momento, ese órgano no se ha pronunciado estableciendo irregularidades en los casos cuestionados.

Sánchez aclaró que tener antecedentes delictivos no faculta a los agentes policiales a quitarle la vida a una persona. No obstante, destacó que, a su juicio, quienes han muerto recientemente en alegados intercambios de disparos con agentes han sido personas señaladas por las autoridades como vinculadas a actividades delictivas y con antecedentes.

“No estamos diciendo que porque una persona haya delinquido o tenga un historial delictivo muy amplio eso va a facultar a la Policía a quitarle la vida. Sin embargo, lo que decimos es qué coincidencia que todos los que han caído en enfrentamientos con la Policía son delincuentes reconocidos con un historial muy amplio”, expresó.

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Asimismo, Sánchez defendió el respaldo ciudadano que, según aseguró, han recibido las acciones de la Policía Nacional. El congresista afirmó que las reacciones en redes sociales y medios de comunicación reflejan una posición mayoritariamente favorable hacia la respuesta de las autoridades frente a la criminalidad.

“Si ustedes se van a las redes sociales, se van a los medios de comunicación, se van a dar cuenta de que la inmensa mayoría del pueblo dominicano está en consonancia con lo que está haciendo la Policía Nacional”, sostuvo.

El legislador citó además datos que atribuyó a Latinobarómetro sobre el respaldo ciudadano y aseguró que la aprobación podría ser incluso mayor, tomando como referencia los comentarios que observa en plataformas digitales. A su entender, estas reacciones ofrecen una panorámica del sentir de una parte importante de la población frente a las acciones policiales.

CNDH acudirá a organismos internacionales

Las declaraciones de Sánchez se producen luego de que Manuel María Mercedes anunciara, durante la XIII Asamblea Nacional de la CNDH-RD, que la organización llevará ante organismos internacionales una denuncia contra el Estado dominicano por las presuntas muertes “extrajudiciales” registradas durante intervenciones policiales.

Mercedes ha cuestionado que la lucha contra la delincuencia derive en la muerte de personas señaladas de cometer delitos y sostiene que estas deben ser apresadas, sometidas a la justicia y, en caso de ser encontradas culpables, cumplir las sanciones correspondientes dentro del sistema penitenciario.

La controversia surge en momentos en que la Policía Nacional ha intensificado operativos contra personas señaladas como vinculadas a hechos delictivos en distintas zonas del país. Varias de esas intervenciones han terminado con sospechosos muertos en circunstancias que la institución describe como “intercambios de disparos”, mientras sectores defensores de los derechos humanos reclaman investigaciones independientes que permitan determinar si en cada actuación se respetaron el debido proceso y el derecho a la vida.