Dirigente del Frente Amplio critica fallo en Caso Calamar y lo califica como resultado de acuerdos políticos

Santo Domingo.– El dirigente comunitario y militante del Frente Amplio, Manuel Soler Pérez, cuestionó la decisión emitida por el Cuarto Tribunal de Instrucción del Distrito Nacional que dictó auto de no ha lugar a favor de varios implicados en el denominado Caso Calamar, entre ellos el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Soler Pérez sostuvo que la decisión judicial es consecuencia de presuntos acuerdos entre las principales fuerzas políticas del país, señalando que la medida afecta la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y limita las expectativas de quienes esperan sanciones contra los responsables de actos de corrupción.

“Cuando se habla de miles de millones de pesos presuntamente sustraídos al Estado, no se trata de cifras menores. El pueblo dominicano espera respuestas y consecuencias para quienes hayan cometido irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, expresó.

El dirigente afirmó que la resolución judicial fortalece la percepción de impunidad en amplios sectores de la población y aseguró que los ciudadanos observan con preocupación cómo casos de alto perfil concluyen sin condenas.

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Asimismo, criticó las declaraciones ofrecidas por Gonzalo Castillo tras conocerse la decisión del tribunal, en las que manifestó sus aspiraciones de participar nuevamente en la política nacional. A juicio de Soler Pérez, ese anuncio representa una falta de sensibilidad frente al debate público generado por las acusaciones que dieron origen al proceso.

El representante del Frente Amplio consideró que la situación debe servir de reflexión para la ciudadanía y llamó a respaldar alternativas políticas que promuevan una mayor transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Finalmente, reiteró que la lucha contra la impunidad constituye una de las principales demandas de la sociedad dominicana y exhortó a las autoridades a fortalecer la independencia de las instituciones encargadas de perseguir y sancionar los actos de corrupción.