República Dominicana avanza 17 puestos en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project desde 2021

República Dominicana avanzó 17 posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), al pasar del puesto 94 en 2021 al 77 en 2026, de acuerdo con los resultados presentados sobre la evolución del sistema institucional y judicial del país.

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El índice evalúa el Estado de derecho mediante ocho factores y 44 subindicadores, que recogen las percepciones y experiencias de ciudadanos y especialistas sobre el funcionamiento de las instituciones.

Los datos divulgados destacan mejoras en gobierno abierto, justicia penal y justicia civil, así como avances en los procesos de transformación digital del sistema judicial.

No obstante, el informe también identifica desafíos relacionados con las barreras económicas para acceder a la justicia y las garantías procesales de las personas acusadas.

Estado de derecho: resultados

Uno de los factores con mayor avance es Gobierno Abierto, en el que República Dominicana ocupa la posición 44 entre 143 países evaluados.

Según los resultados presentados, este componente registró un incremento del 9.1 % en su puntuación respecto a 2021.

Entre las iniciativas judiciales vinculadas con estos avances se encuentra el Observatorio del Poder Judicial, una herramienta destinada a promover la transparencia, la rendición de cuentas y el análisis técnico de la gestión institucional.

También se destacan la Política de Datos Abiertos y Justicia Abierta, orientadas a facilitar el acceso a la información y fortalecer la participación social en los procesos de gestión judicial.

A estas acciones se suman el programa Justicia y Sociedad y el proceso de cocreación del Plan Justicia del Futuro 2034.

Estado de derecho: justicia penal

En el ámbito penal, el informe registra un aumento del 8.4 % en la puntuación global de República Dominicana desde 2021.

Durante ese período, el país pasó del puesto 96 al 86 en el indicador de justicia penal, lo que representa un avance de diez posiciones en la clasificación mundial.

Entre las mejoras señaladas figuran la ausencia de influencia gubernamental indebida, con un incremento del 29.0 %; la imparcialidad del sistema penal, con un 12.2 %; y la adjudicación penal oportuna y efectiva, con un 10.5 %.

La información divulgada relaciona estos resultados con la implementación del Plan de Optimización Penal, los avances en interoperabilidad institucional y la resolución de expedientes mediante mecanismos alternativos y acuerdos.

También menciona reformas dirigidas a fortalecer los derechos de las personas durante la ejecución de las penas.

Avances en justicia civil

En materia de justicia civil, República Dominicana registró un incremento del 2.5 % en su puntuación respecto a 2021, según los datos presentados.

El país se sitúa en la posición 102 del ranking global correspondiente a este componente.

Uno de los indicadores destacados es la ausencia de demoras injustificadas, que presenta una mejora del 12.5 %.

La información atribuye parte de este avance a la implementación del Sistema de Gestión de Casos, el seguimiento realizado por la Dirección de Servicios Judiciales y la aplicación de la Ley núm. 2-23 sobre Procedimiento de Casación.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos institucionales para mejorar la tramitación de expedientes y reducir los retrasos en los procesos judiciales.

Estado de derecho digital

La transformación tecnológica también figura entre los aspectos destacados en los resultados divulgados.

Según la información presentada, el portal de acceso digital del sistema judicial cuenta con más de 49,000 usuarios registrados.

Asimismo, la tasa de tramitación digital alcanza el 52 % a nivel nacional.

Estos datos reflejan la incorporación de herramientas tecnológicas a los procedimientos judiciales, como parte de las iniciativas destinadas a facilitar el acceso a los servicios y mejorar la gestión de los casos.

Retos del sistema judicial

Pese a los avances registrados en el Estado de derecho, el informe identifica áreas que requieren atención para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos fundamentales.

Entre los principales desafíos se encuentra la necesidad de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a la justicia civil.

También se señala la importancia de reforzar las garantías procesales y los derechos de las personas acusadas dentro del sistema penal.

Estos aspectos figuran entre las prioridades para continuar mejorando la equidad, la accesibilidad y el funcionamiento de la administración de justicia.

Los resultados divulgados sitúan a República Dominicana en una mejor posición global respecto a 2021, aunque evidencian que persisten desafíos en distintas áreas del sistema judicial.

Las instituciones del Estado dominicano reiteraron su compromiso de continuar impulsando medidas orientadas a fortalecer la transparencia, la eficiencia institucional y el acceso a la justicia.