Santo Domingo.- Rosa Adela Tejeda de Santos acudió a De Último Minuto para denunciar una situación que, según afirma, mantiene a su familia en un estado de desprotección tras una agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 19 de julio en la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia.
Tejeda relató que ella, su esposo Rafael Santos y su hijo, de 15 años, se encontraban en la azotea del edificio donde residen cuando fueron atacados presuntamente con bates por una pareja, a quienes identifica como Julio Alberto Rodríguez Ávilas y Enerolisa Polo, conocida como Jeny.
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De acuerdo con su versión, la familia había subido hasta la azotea para reclamar por una situación que, asegura, estaba afectando su descanso y tranquilidad. Explicó que anteriormente habían intentado resolver el inconveniente mediante conversaciones y con la intervención de otras personas, pero que la situación terminó en una confrontación.
La denunciante asegura que la pareja habría subido con un bate cada uno y comenzó a golpearla a ella y a su esposo. Tejeda afirma que recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una herida por la que tuvieron que colocarle 20 puntos, además de sufrir tres fracturas en una muñeca y otra lesión en un pie.
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Mientras ella se encontraba en el suelo, según su relato, la agresión continuó contra su esposo Rafael Santos, quien habría recibido varios golpes que le provocaron cuatro costillas fracturadas, ocho puntos en el rostro y una lesión en uno de sus ojos que, asegura, requerirá una intervención quirúrgica.
La mujer también relató que su hijo de 15 años intervino para intentar defender a sus padres. Según Tejeda, el adolescente fue golpeado en el rostro y recibió ocho puntos de sutura. Posteriormente, siempre de acuerdo con su versión, el menor habría sido llevado hacia una zona de la azotea durante el altercado, por lo que ella teme que también hayan intentado lanzarlo desde el lugar.
Ante la gravedad de la situación, Tejeda entregó su teléfono celular a su hijo y le pidió que bajara para llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. El adolescente logró llegar hasta un nivel inferior y posteriormente se reencontró con sus padres.
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Sin embargo, la denunciante cuestionó la actuación de las autoridades tras la llegada de los organismos de emergencia. Asegura que, pese a que ella, su esposo y su hijo estaban lesionados, los tres terminaron detenidos y fueron trasladados para ser interrogados.
Tejeda sostiene además que su hijo, por ser menor de edad, fue trasladado entre destacamentos policiales esposado y en una motocicleta, situación que calificó como irregular. Según su relato, durante varias horas tuvo dificultades para conocer el paradero del adolescente y afirma que incluso fiscales desconocían dónde se encontraba.
La mujer asegura que posteriormente el caso fue manejado como una riña y que tanto ella como su esposo terminaron figurando como imputados, pese a que, según sostiene, fueron ellos quienes resultaron con las lesiones más graves.
Tejeda identifica a la fiscal Surielly De Guerrero Areche como la representante del Ministerio Público que habría calificado el caso y cuestiona la medida de coerción que le fue impuesta junto a su esposo. De acuerdo con su versión, en una audiencia celebrada el pasado viernes se les dictó presentación periódica.
La denunciante insiste en que existen certificados médicos correspondientes a ella, su esposo y su hijo, documentos que, según afirma, acreditan las lesiones sufridas durante el incidente.
A más de un mes de ocurrido el hecho, Tejeda asegura que las consecuencias físicas de la agresión permanecen. Explicó que continúa recibiendo terapias por las fracturas en su muñeca y que podría ser sometida a una cirugía, mientras que su esposo deberá ser intervenido por la lesión que sufrió en uno de sus ojos.
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También mostró preocupación por las secuelas que pueda enfrentar su hijo, quien, según afirma, todavía presenta una cicatriz visible en el rostro producto de la herida que recibió durante el incidente.
La mujer cuestionó además el manejo del proceso por parte de las autoridades de Higüey y alegó que detrás de la forma en que se ha tratado el expediente podrían existir influencias e intereses que han favorecido a la otra parte. Estas afirmaciones corresponden a su denuncia y no han sido confirmadas de manera independiente.
Ante esta situación, Tejeda hizo un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que disponga una revisión minuciosa de lo ocurrido y supervise el accionar de la Fiscalía de Higüey.
“Nos sentimos totalmente desprotegidos”, manifestó la denunciante, quien insiste en que su familia necesita que el caso sea investigado de manera objetiva y que se tomen en cuenta las lesiones que, según afirma, sufrieron ella, su esposo y su hijo menor de edad.
La familia solicita que las autoridades correspondientes revisen el expediente, las certificaciones médicas y las circunstancias en que se produjeron los hechos para determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.
Contacto proporcionado por la denunciante: Rosa Adela Tejeda — 809-869-7289.
