Fuerza del Pueblo alerta por desvío de agua para energía, afectando agricultura en Peravia y San Cristóbal

Peravia, R.D. – La Secretaría de Asuntos Hídricos del partido Fuerza del Pueblo advirtió sobre un posible desvío del agua almacenada en las presas Jigüey y Valdesia para fines de generación de energía eléctrica, en perjuicio de los productores agropecuarios de las provincias Peravia y San Cristóbal, quienes dependen de este recurso para garantizar la siembra de una nueva cosecha.

Mediante un comunicado oficial, el ingeniero Arturo Socias, titular de dicha secretaría, expresó la solidaridad de la organización política con los agricultores afectados, quienes han manifestado su preocupación tras la reciente notificación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), en la que se les informa que no habrá disponibilidad de agua para la próxima etapa de cultivo.

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De acuerdo con el documento, inicialmente el INDRHI comunicó a la Junta de Regantes que solo habría agua disponible por unos 25 días, destinados al riego de la cosecha actual. No obstante, tras las lluvias recientes, el volumen de los embalses ha aumentado de forma considerable, lo que permitiría extender la disponibilidad del recurso por al menos 50 días más.

El comunicado señala que, a juicio de los productores, esta mejora en la capacidad hídrica contradice la negativa oficial de garantizar el riego para la nueva siembra, lo que ha generado sospechas de que el agua estaría siendo redirigida hacia la producción de electricidad. Esta situación, según advierte Fuerza del Pueblo, viola los principios de prioridad en el uso del agua, que establecen que la agricultura debe prevalecer sobre la generación energética.

Asimismo, los agricultores han reportado un elevado caudal de agua en canales como Marcos Cabral, Najayo y Nizao, lo que consideran como una evidencia de manejo inadecuado del recurso.

Frente a este panorama, Fuerza del Pueblo exige al Gobierno adoptar medidas correctivas de inmediato, a fin de garantizar el acceso al agua para los productores y evitar un impacto negativo en la economía agrícola de la región.

“No se puede poner en riesgo la producción agropecuaria por el afán de generar energía eléctrica. Es deber del Estado velar por el uso equitativo y racional del agua, priorizando la seguridad alimentaria”, concluye el comunicado.