Santo Domingo.– El Gobierno dominicano declaró este miercoles de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del país la prevención, investigación y combate del denominado terrorismo medioambiental, mediante el Decreto 615-26, con el que busca fortalecer las acciones contra quienes provoquen daños graves y deliberados a los recursos naturales.
La disposición establece una protección especial para zonas y recursos considerados estratégicos, entre ellos las áreas protegidas, bosques, cuencas hidrográficas, acuíferos, reservas de agua, manglares, humedales y arrecifes coralinos. También contempla infraestructuras esenciales como presas, embalses, acueductos y plantas de tratamiento de agua.
Durante la presentación de la medida, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, afirmó que la protección del patrimonio natural debe ser asumida como un componente de la seguridad nacional, debido a que la disponibilidad de agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria dependen directamente de la conservación de los ecosistemas.
El funcionario explicó que la destrucción deliberada de los recursos naturales puede generar consecuencias que van más allá del impacto ambiental. En ese sentido, aseguró que el Estado fortalecerá las acciones dirigidas contra ocupaciones ilegales, estructuras criminales y actividades económicas que provoquen daños intencionales en zonas protegidas.
Decreto fortalece coordinación contra daños ambientales
Como parte de la estrategia, el Decreto 615-26 incorpora al Comité Nacional Antiterrorista y a la Dirección Nacional Antiterrorista en labores relacionadas con la identificación, prevención y neutralización de posibles amenazas contra recursos naturales e infraestructuras ambientales consideradas estratégicas.
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La disposición establece que el concepto de “terrorismo medioambiental” será utilizado para fines administrativos, preventivos y de coordinación entre las instituciones, siempre que determinadas acciones puedan reunir las características previstas en la legislación vigente sobre terrorismo.
El Gobierno aclaró que esta decisión no crea un nuevo delito penal ni modifica los elementos constitutivos de los ilícitos establecidos actualmente en las leyes dominicanas. La medida busca fortalecer la coordinación estatal cuando se produzcan acciones de especial gravedad contra el patrimonio natural.
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Medio Ambiente, Defensa y Justicia trabajarán de manera conjunta
La nueva política contempla la participación coordinada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia, con el propósito de mejorar la prevención y respuesta ante posibles amenazas ambientales.
Las autoridades también anunciaron el desarrollo de herramientas tecnológicas destinadas a fortalecer la fiscalización de los recursos naturales. Estas plataformas permitirán registrar, georreferenciar y dar seguimiento a denuncias relacionadas con daños ambientales.
De igual manera, se habilitarán mecanismos confidenciales para que los ciudadanos puedan reportar actividades que representen una amenaza para los ecosistemas y recursos estratégicos del país.
Protección de los recursos naturales
Paíno Henríquez sostuvo que la nueva política busca enfrentar de manera más firme aquellas actividades que convierten la destrucción de los recursos naturales en un negocio. El ministro afirmó que las áreas protegidas y otros espacios de importancia ambiental deben permanecer bajo protección del Estado.
La estrategia también contempla la presentación de informes periódicos al presidente Luis Abinader sobre los resultados de las acciones implementadas para prevenir y combatir los daños ambientales.
Con esta medida, el Gobierno procura fortalecer la protección de los recursos naturales de la República Dominicana y convertir la defensa del agua, los bosques, la biodiversidad y las áreas protegidas en una responsabilidad coordinada entre las diferentes instituciones del Estado.
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La declaración de prioridad nacional coloca nuevamente la protección ambiental en el centro de las políticas de seguridad y desarrollo sostenible, ante la necesidad de preservar recursos esenciales para las actuales y futuras generaciones.
