Santo Domingo, RD. – El periodista Hansel García cuestionó que la Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto Que Revive continuara funcionando y acogiendo a menores de edad pese a que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) había intervenido el lugar en varias ocasiones y ordenado que no ingresaran nuevos niños.
Durante su participación en el programa Esto No es Radio Show, García presentó nuevos detalles contenidos en el expediente del Ministerio Público contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, propietario de la fundación, e Isaías Ramón Muñoz, señalado como su colaborador y presunto cómplice.
El profesional de la comunicación recordó que Conani había intervenido la fundación previamente y que, según los documentos que presentó en el programa, la institución realizó intervenciones en distintos momentos, incluyendo una en la que ordenó suspender su funcionamiento y prohibió el ingreso de niños, niñas y adolescentes.
“Conani había cerrado en tres ocasiones a esta tal fundación. La cerró en el veinte, donde hizo una advertencia de que no podían volver a tener menores”, afirmó García.
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Según explicó, posteriormente se produjo otra intervención y una nueva actuación de las autoridades. Sin embargo, la fundación continuó operando hasta que el caso volvió a salir a la luz tras el rescate de los menores.
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“Volvió a cerrarla en el veintiuno con iguales advertencias y volvió a cerrarla en el veinticinco con el Ministerio Público. Pese a todo eso, ese señor o esos señores, yo no sé cómo se la ingeniaron y siguieron operando. Y las autoridades lo dejaron tranquilos hasta que operó el caso”, sostuvo.
Para García, este aspecto constituye uno de los puntos más preocupantes del caso, ya que, además de las presuntas irregularidades atribuidas a los responsables de la fundación, cuestiona el papel desempeñado por las instituciones encargadas de supervisar y proteger a los menores de edad.
El periodista también planteó una interrogante que, a su juicio, debe ser respondida a partir de lo ocurrido: cuántos otros centros podrían estar funcionando sin los controles correspondientes y bajo qué condiciones se encuentran los menores que permanecen en ellos.
“Queda la pregunta de cuántos otros centros operan sin ningún registro ni regulación por parte de las autoridades, manejando a nuestros seres humanos más vulnerables y más preciosos, que son nuestros niños”, expresó.
García manifestó además su preocupación por las personas que han salido públicamente en defensa de Capellán, al tiempo que aclaró que reconoce el derecho de cada ciudadano a expresar su posición.
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“Pese a todo lo que se ha expresado, a todo lo que se ha evidenciado en las condiciones que esos muchachos estaban allí, se han levantado unas que otras voces a defender al pastor y a defender a su accionario. A lo que usted tiene todo el derecho del mundo, cada quien defiende lo que quiera”, señaló.
No obstante, el analista dejó claro que su posición parte de las informaciones que han sido presentadas por las autoridades y de los elementos que ha podido revisar sobre el caso.
“Nosotros decidimos defender la verdad, la verdad que vemos a través de medios de comunicación y palpamos la versión de las autoridades en un primer momento y nuestros comentarios sobre lo que creemos y con los insumos que tenemos”, afirmó.
Entre quienes han manifestado públicamente su respaldo al pastor, García mencionó al líder evangélico Ezequiel Molina, quien ha defendido la trayectoria de Capellán y su labor con niños en situación de vulnerabilidad.
García reprodujo parte de las declaraciones de Molina, quien sostuvo que Capellán habría rescatado y criado a menores abandonados y cuestionó que se pretenda presentar su labor de manera negativa.
Ante estos argumentos, el periodista insistió en que el hecho de que una persona pueda tener buenas intenciones no elimina la obligación de cumplir con las normas establecidas para trabajar con niños y adolescentes.
“Pero no hay razón de ayudar a poner niños ahí. No ha llenado la condición”, citó García de las declaraciones de Molina.
El panelista del espacio radial también destacó que el propio Ministerio Público establece en su solicitud de medida de coerción que la Fundación Restaurando Vidas: Un Muerto Que Revive no contaba con autorización de la autoridad competente para funcionar como hogar de acogida de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el expediente presentado por García, la ausencia de autorización implicaría que el funcionamiento del centro, así como la recepción de fondos, donaciones u otros mecanismos de captación, se encontraba fuera de la regulación correspondiente.
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“Eso lo dice el Ministerio Público, no Hansel García”, enfatizó el periodista al presentar el contenido del documento.
García sostuvo que las investigaciones y las acusaciones deberán ser determinadas en los tribunales, pero consideró necesario que la opinión pública conozca los elementos que sustentan la solicitud presentada por el Ministerio Público.
“Yo quisiera pensar que todo el que está defendiendo al pastor, con todo el derecho del mundo, no ha visto esta solicitud que hace el Ministerio Público”, manifestó.
El periodista también llamó la atención sobre las evidencias recopiladas durante los allanamientos y las entrevistas realizadas a los menores, incluidos certificados médicos y evaluaciones psicológicas forenses que forman parte de los elementos presentados por el Ministerio Público.
Mientras el proceso judicial continúa, García insistió en que el caso no debe analizarse únicamente desde la responsabilidad individual de los imputados, sino también desde la actuación de las instituciones que tenían la obligación de supervisar estos espacios.
“Si no se deja aparte el descuido total” de las autoridades, sostuvo durante su intervención, queda pendiente determinar cómo un centro que ya había sido intervenido pudo continuar funcionando y recibiendo menores.
García cerró su abordaje insistiendo en la necesidad de que las autoridades esclarezcan no solo las presuntas violaciones cometidas dentro de la fundación, sino también las razones por las que las medidas adoptadas previamente por Conani no evitaron que el lugar continuara operando.
