Comunidades de San Cristóbal evalúan acciones legales contra INAPA por obras de agua

Organizaciones comunitarias y representantes de distintos sectores de San Cristóbal acordaron avanzar en las gestiones legales para reclamar al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA) explicaciones sobre el uso de más de RD$3,800 millones destinados a proyectos para mejorar el suministro de agua potable en varias comunidades de la provincia.
La decisión fue tomada durante una asamblea organizada por la Fundación Pro Desarrollo La Trinitaria, Inc. (FUNPRO-DET), de Haina, junto a organizaciones y personalidades de esa comunidad, Hato Damas, El Ramón-San Francisco y Nigua.
Durante el encuentro, el presidente de FUNPRO-DET, César Félix, presentó información relacionada con los contratos y obras anunciadas para esas comunidades y cuestionó los resultados de las inversiones realizadas.

Según explicó Félix, las obras incluyen un contrato para la construcción de un acueducto en las comunidades El Ramón-San Francisco, del distrito municipal Hato Damas, firmado en 2003 por RD$23,162,900.14. De acuerdo con su exposición, posteriormente fueron aprobadas nueve adendas que elevaron el monto hasta RD$3,803,633,723.57.
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Félix sostuvo que esos recursos estaban destinados a proyectos de agua potable en Hato Damas, Villa Altagracia y Bajos de Haina, pero afirmó que las comunidades continúan enfrentando dificultades para recibir el servicio.
Durante la asamblea también se hizo un recuento de las gestiones realizadas ante el INAPA, el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional, mediante las cuales se ha reclamado información sobre el destino de los fondos públicos involucrados en los proyectos.
Los representantes comunitarios calificaron como preocupante que, pese a los montos anunciados para las obras, persistan las dificultades con el suministro de agua potable en sus comunidades.

En Bajos de Haina, según las informaciones presentadas durante la reunión, se habría destinado una inversión de RD$1,040 millones; en Hato Damas, RD$1,204 millones, y en Villa Altagracia, RD$600 millones.
Los participantes acordaron entregar la documentación recopilada al equipo de abogados colaboradores del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), con el propósito de evaluar las acciones que podrían emprender ante la justicia.
Para dar seguimiento al proceso fue constituido un Comité Coordinador integrado por siete representantes de las organizaciones participantes: la Coordinadora de Juntas de Vecinos Santiago Castro; el Comité Organizador Pro Agua, de Hato Damas; la Fundación Los Desamparados; la Fundación Pro Desarrollo La Trinitaria; la Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (Fedelucd); la Fundación de Servicios y Promoción del Dominicano en el Exterior (Funsede), y la Junta de Vecinos San Jerónimo.


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