Tribunal concede cuatro meses adicionales al MP para concluir investigación de Operación Camaleón

Santo Domingo.- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para completar la investigación del caso Operación Camaleón, que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y a otros exfuncionarios y empresarios, acusados de formar parte de una presunta red de corrupción administrativa y crimen organizado.

La jueza Patricia Padilla acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, estableciendo el 8 de octubre como fecha límite para que se presente el acto conclusivo del proceso.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que la petición se basó en la complejidad del expediente, especialmente por el volumen de pruebas tecnológicas que aún requieren análisis especializados. Aseguró que no se trata de negligencia, sino de una carga probatoria que demanda más tiempo.

“El tribunal entendió que el plazo anterior era insuficiente. Esta prórroga permitirá concluir con las diligencias pendientes y presentar formalmente la acusación”, explicó Ortiz tras la audiencia, en la que estuvo acompañada por el director de Persecución, Wilson Camacho, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Arolin Lemos y Miguel Collado.

Al ser cuestionada sobre la posible inclusión de nuevos implicados, Ortiz indicó que el Ministerio Público sigue ampliando las líneas de investigación, por lo que no se descarta que se sumen otros nombres al expediente en la fase conclusiva.

Además de Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S., figuran como imputados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.

Los acusados enfrentan cargos por desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo a infraestructuras críticas y robo de identidad.

Estas infracciones están tipificadas en la Constitución y en varias leyes dominicanas, como el Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 de Erradicación del Comercio Ilícito, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.