Juez acepta peritaje propuesto por Eduardo Read en proceso por caso Senasa
La evaluación estará a cargo de un médico propuesto por la defensa y examinará los registros de servicios facturados a la aseguradora estatal entre 2020 y 2025. La designación provocó objeciones de otro abogado del proceso.

La defensa de Eduardo Read Estrella consiguió que el tribunal autorizara una evaluación especializada para determinar si las empresas vinculadas al imputado ofrecieron los servicios médicos por los que recibieron pagos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada este martes por el juez Deibi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien autorizó la realización de un peritaje a cargo del médico Alejandro Fonseca Granda, propuesto por la defensa.
El examen abarcará los registros de las atenciones médicas vinculadas a Khersun, S.R.L. y Deleste, S.R.L., compañías que operaban mediante la marca comercial Puntos Médicos. La revisión comprende los contratos suscritos con Senasa entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.
La medida generó cuestionamientos de otro abogado que interviene en el proceso, identificado en las declaraciones ofrecidas a la prensa por el apellido Hernández. El jurista consideró inadecuado que un médico tenga a su cargo el análisis de registros electrónicos y puso en duda la imparcialidad de la experticia.

Hernández sostuvo que el resultado podría beneficiar a Read Estrella y a Santiago Hazim, y calificó la decisión como una actuación que, a su entender, podría afectar el curso de la investigación. También afirmó que su representación fue la única que se opuso a la designación.
Las críticas se produjeron luego de que el tribunal acogiera la petición presentada por la defensa, que busca utilizar el análisis de las historias clínicas y los documentos administrativos para establecer si las prestaciones facturadas a la aseguradora estatal fueron efectivamente realizadas.
Una solicitud que llegó al tribunal
Antes de acudir al juez, los abogados de Read Estrella habían solicitado la diligencia a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el 12 de junio de 2026. Según expusieron en su instancia, transcurrieron casi cinco meses sin recibir una respuesta favorable ni desfavorable.
Por esa razón, el 6 de noviembre depositaron ante el tribunal un documento de 50 páginas en el que pidieron autorización para desarrollar una auditoría médica externa, documental, técnica y retrospectiva.
La defensa también solicitó un plazo de 30 días, a partir de la juramentación del especialista, para entregar el informe. Entre los documentos requeridos figura el informe CGR-DAF-2025-00024 de la Contraloría General de la República, con sus anexos y la relación de las atenciones médicas y afiliados examinados.
Los representantes legales argumentan que la comparación de esos documentos con los registros clínicos y administrativos permitirá determinar si existe correspondencia entre los servicios facturados y las atenciones registradas.
La experticia no establece todavía si hubo servicios
El peritaje está relacionado con la investigación del denominado Caso Cobra, que involucra contrataciones y actuaciones del Senasa. En esta etapa, la autorización judicial permite realizar la evaluación solicitada, pero no confirma que los servicios fueran prestados ni descarta las irregularidades investigadas.
Los resultados del análisis deberán aportar elementos técnicos que posteriormente podrán ser examinados dentro del proceso judicial.


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