Condenan a cuatro hombres por fraude al programa Quédate en Casa y ordenan indemnizaciones millonarias

Condenan a cuatro hombres por fraude al programa Quédate en Casa y ordenan indemnizaciones millonarias
Condenan a cuatro hombres por fraude al programa Quédate en Casa y ordenan indemnizaciones millonarias

Un tribunal de San Juan de la Maguana condenó a cuatro hombres a penas de entre cinco y diez años de prisión por un fraude al programa Quédate en Casa, mediante el cual fueron sustraídos recursos públicos destinados a familias que recibían asistencia económica durante la pandemia de la COVID-19.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, luego de conocer la acusación presentada por el Ministerio Público contra los integrantes de una estructura que utilizaba información de beneficiarios de subsidios sociales para efectuar operaciones electrónicas fraudulentas.

Los condenados deberán pagar indemnizaciones que, de acuerdo con los montos individualizados en el fallo, suman RD$5 millones a favor de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), institución cuyas funciones corresponden actualmente a la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Además de las penas de cárcel y las compensaciones económicas, el tribunal impuso multas calculadas en salarios mínimos del sector público y dispuso el decomiso de aproximadamente un millón de pesos ocupados durante la investigación.

El Ministerio Público también anunció que apelará las absoluciones de otros cuatro procesados, al considerar que existen elementos para solicitar una revisión de esas decisiones.

Tribunal impone penas de cinco, siete y diez años de prisión

La condena más alta fue impuesta a Daniel Villegas Aquino, conocido como Pocholo, quien deberá cumplir diez años de prisión.

El tribunal también lo condenó al pago de una indemnización de RD$2 millones a favor de la ADESS y una multa equivalente a 500 salarios mínimos del sector público.

Por su parte, Ambriori Encarnación Ubrí y Héctor Leury Ortiz de la Rosa recibieron condenas de siete años de prisión cada uno.

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Ambos deberán pagar individualmente RD$1 millón como indemnización a la entidad administradora de los subsidios sociales, además de multas equivalentes a 250 salarios mínimos del sector público.

El cuarto condenado, Rikelvin Alcántara Reyes, recibió una pena de cinco años de prisión, una indemnización de RD$1 millón y una multa de 100 salarios mínimos del sector público.

Las sanciones económicas fueron establecidas por los perjuicios ocasionados mediante las operaciones fraudulentas que afectaron los recursos de asistencia social.

Las indemnizaciones detalladas para los cuatro sentenciados totalizan RD$5 millones. El comunicado del Ministerio Público las describe como superiores a esa cantidad, aunque no identifica otros montos indemnizatorios que expliquen la diferencia.

Así funcionaba la estructura que desviaba fondos sociales

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la organización utilizaba datos personales y códigos asignados a beneficiarios de los programas de asistencia económica del Estado.

Con esa información, sus integrantes realizaban transacciones mediante dispositivos electrónicos de pago, conocidos como verifones, asociados a establecimientos comerciales.

El mecanismo permitía disponer de fondos que habían sido asignados a hogares incluidos en el programa Quédate en Casa.

La investigación se concentró en operaciones realizadas en la provincia San Juan, donde las autoridades identificaron movimientos fraudulentos relacionados con recursos administrados por la ADESS.

Según el expediente, el dinero sustraído correspondía a partidas destinadas a respaldar la alimentación y otras necesidades de familias afectadas económicamente durante la emergencia sanitaria.

El programa Quédate en Casa fue implementado a escala nacional durante la pandemia de la COVID-19 como parte de las medidas de protección social dirigidas a hogares en condiciones de vulnerabilidad.

Dinero sustraído era utilizado para adquirir bienes

Las pesquisas también identificaron operaciones relacionadas con el uso posterior de los recursos obtenidos mediante el fraude.

El Ministerio Público estableció en su acusación que parte del dinero era destinado a la compra de bienes y al desarrollo de actividades comerciales.

Según el órgano acusador, esas operaciones buscaban presentar los recursos sustraídos como ingresos provenientes de actividades económicas legales.

Este componente de la investigación sustentó la inclusión de cargos por lavado de activos, además de las imputaciones relacionadas con estafa y asociación de malhechores.

La Fiscalía sostuvo que las actividades comerciales formaban parte de un mecanismo para ocultar el origen del dinero obtenido mediante las transacciones fraudulentas.

Allanamientos permitieron ocupar equipos electrónicos y dinero

Durante el desarrollo de la investigación, las autoridades realizaron allanamientos en los que ocuparon dispositivos utilizados para procesar pagos, equipos electrónicos, memorias digitales, documentos y dinero en efectivo.

Estos materiales fueron incorporados al expediente como parte de las evidencias reunidas contra los procesados.

La investigación estuvo encabezada por un equipo del Ministerio Público integrado por los fiscalizadores Hernanda Arias Peña y Vicente Rodríguez Sánchez.

Las diligencias incluyeron el análisis de las operaciones electrónicas atribuidas a la estructura y la revisión de los objetos incautados durante los procedimientos.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó evaluaciones técnicas cuyos resultados fueron presentados por el Ministerio Público durante el proceso judicial.

Las pruebas documentales, electrónicas y periciales formaron parte de los elementos utilizados para sustentar la acusación.

Tribunal ordena decomiso de cerca de un millón de pesos

Además de las condenas de prisión, el tribunal dispuso que aproximadamente un millón de pesos ocupados a Daniel Villegas Aquino pasen a favor del Estado dominicano.

El decomiso forma parte de las medidas patrimoniales establecidas en la sentencia.

Durante el proceso, el Ministerio Público también solicitó que fueran decomisados tres vehículos incautados en un allanamiento realizado en la vivienda de Villegas Aquino.

Asimismo, pidió el decomiso de todos los bienes ocupados durante una intervención practicada a Ambriori Encarnación Ubrí.

Sin embargo, la información suministrada no precisa si el tribunal acogió esas solicitudes adicionales.

Acusación incluyó estafa electrónica y lavado de activos

El expediente presentado por el Ministerio Público contempló varias infracciones penales relacionadas con las operaciones atribuidas a la organización.

Entre ellas figura la estafa agravada, prevista en el artículo 405 y su párrafo del Código Penal dominicano.

También se incluyó la estafa electrónica, contemplada en el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La acusación incorporó asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado, conforme a los artículos 265 y 266 del Código Penal.

Asimismo, el Ministerio Público atribuyó operaciones de lavado de activos, delito regulado por la Ley 155-17.

Las imputaciones se sustentaron en el supuesto uso coordinado de medios tecnológicos para sustraer fondos públicos y posteriormente introducir los recursos obtenidos en actividades económicas.

Ministerio Público apelará cuatro absoluciones

El proceso también incluyó a Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando, Sergio Alexander Bidó Nova y Juan José Polanco Fernández, quienes fueron absueltos por el tribunal.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio Público informó que recurrirá esas decisiones ante una instancia superior.

El órgano persecutor considera que existen fundamentos jurídicos y probatorios para solicitar que las absoluciones sean revisadas.

La institución indicó que presentará los recursos correspondientes mediante los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal.

Las absoluciones constituyen decisiones judiciales que deberán ser respetadas mientras no sean modificadas por un tribunal competente.

Fiscalía había solicitado condenas de hasta 20 años

Las penas finalmente impuestas fueron inferiores a las solicitadas por el Ministerio Público durante el juicio.

Para Daniel Villegas Aquino y Ambriori Encarnación Ubrí, la Fiscalía había requerido condenas de 20 años de prisión.

En el caso de Héctor Leury Ortiz de la Rosa y Rikelvin Alcántara Reyes, solicitó penas de 15 años.

Respecto a Manuel Alcántara Matos, Ernesto Mendieta Ogando y Sergio Alexander Bidó Nova, posteriormente absueltos, el órgano acusador pidió condenas de diez años.

Para Juan José Polanco Fernández, también absuelto, solicitó cinco años de prisión.

El tribunal evaluó los elementos presentados durante el juicio y dictó las sanciones y absoluciones correspondientes.

Jueces que conocieron el proceso

La sentencia fue emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.

El órgano judicial estuvo integrado por los magistrados Edward Augusto Gerónimo Sánchez, quien presidió el tribunal; Blaury Luciano Ferreras y Luis Manuel Marte Leonardo.

De acuerdo con el fallo, los condenados deberán cumplir las penas privativas de libertad en la cárcel pública de San Juan de la Maguana y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña, según las disposiciones establecidas para cada sentenciado.

Recursos estaban destinados a familias durante la pandemia

El fraude al programa Quédate en Casa afectó fondos que habían sido destinados a proporcionar asistencia económica durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

El programa buscaba apoyar a hogares dominicanos que enfrentaban dificultades para cubrir sus necesidades de alimentación y sostenimiento económico.

La utilización de datos de beneficiarios y dispositivos de pago permitió ejecutar las transacciones que dieron origen al proceso penal, según las conclusiones acogidas por el tribunal respecto a los cuatro condenados.

El Ministerio Público señaló que el caso involucró recursos destinados a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, circunstancia que destacó al comunicar los resultados judiciales.

Caso continuará por apelaciones anunciadas

La Procuraduría General de la República reiteró, mediante un comunicado, que continuará las acciones de investigación y persecución contra estructuras dedicadas a la sustracción de recursos públicos, el fraude y otros delitos relacionados.

La institución también manifestó que sus actuaciones deben desarrollarse con respeto al debido proceso y a las disposiciones legales.

La sentencia por el fraude al programa Quédate en Casa deja cuatro condenados a penas de entre cinco y diez años de prisión, indemnizaciones individualizadas por RD$5 millones y el decomiso de cerca de un millón de pesos.

El proceso judicial continuará debido a la decisión del Ministerio Público de recurrir las absoluciones de otros cuatro acusados, por lo que esa parte del expediente podría ser examinada por una instancia superior.

Redacción De Último Minuto

Redacción de De Último Minuto

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