¿La justicia a contrarreloj? El fantasma de la extinción ronda grandes casos de corrupción

Coral y Coral 5G, Calamar y Medusa acumulan años de audiencias, incidentes y aplazamientos. Mientras defensas alegan vencimiento de plazos máximos, los tribunales sostienen que la complejidad de los procesos impide reducir la discusión a un simple conteo de años

Los procesos de corrupción administrativa que han marcado la agenda judicial dominicana durante los últimos años enfrentan ahora una batalla distinta a la discusión sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados: el paso del tiempo.

Después de años de investigaciones, audiencias preliminares, recusaciones, recursos, cambios de abogados y múltiples incidentes procesales, una palabra ha comenzado a ganar espacio en los tribunales: extinción.

Las defensas sostienen que la prolongación de los procesos puede vulnerar el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable. El Ministerio Público, en cambio, plantea que la duración de un expediente no puede determinarse únicamente mirando el calendario, sino considerando factores como su complejidad, el número de acusados, el volumen de las pruebas y las actuaciones que han provocado retrasos.

En los últimos cinco años, 157,562 casos fueron judicializados en República Dominicana y 7,825 terminaron con decisiones de extinción de la acción penal en tribunales de primer y segundo grado, de acuerdo con datos atribuidos a la Suprema Corte de Justicia.

El debate adquiere una dimensión particular cuando se traslada a expedientes como Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, investigaciones que involucran a exfuncionarios, empresarios y otras figuras vinculadas al poder político y administrativo del país.

Coral y Coral 5G: cuando el tiempo llegó al juicio

La Operación Coral comenzó el 24 de abril de 2021 y posteriormente fue ampliada con el expediente Coral 5G. Ambos procesos terminaron unificados y, después de una extensa audiencia preliminar, el 10 de julio de 2023 se dictó auto de apertura a juicio.

El juicio de fondo comenzó el 27 de junio de 2024, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de varios aplazamientos relacionados, entre otros aspectos, con dificultades para completar las defensas técnicas de algunos procesados.

A medida que el proceso avanzaba, el tiempo comenzó a convertirse en otro frente de batalla. Las defensas de Erasme Roger Pérez Núñez, Adán Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batista, Franklin Mata Flores y Rafael Núñez de Aza, entre otros, plantearon solicitudes de extinción de la acción penal bajo el argumento de que se había superado la duración máxima del proceso.

Los tribunales rechazaron estos planteamientos al considerar que el análisis no podía limitarse a sumar los años transcurridos. La magnitud del expediente, sostuvieron, debía ser tomada en cuenta.

Y las cifras ayudan a dimensionar esa complejidad: el juicio involucró 36 acusados, 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 periciales y 114 materiales, además de 121 audiencias.

El 15 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió el dispositivo de la sentencia, con condenas de hasta 20 años de prisión para algunos de los procesados, entre ellos Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou.

Pero incluso después del fallo, el proceso no ha terminado completamente. Al 3 de septiembre de 2026, permanecía pendiente la lectura íntegra de la sentencia, reprogramada para el 23 de septiembre.

El caso Coral muestra así una de las principales tensiones del debate: un proceso puede avanzar hasta una sentencia y, aun así, el factor tiempo continuar siendo objeto de discusión jurídica.

Medusa: cinco años después, la extinción vuelve al centro

El caso Medusa, que involucra como principal acusado al exprocurador Jean Alain Rodríguez, constituye otro de los procesos en los que el vencimiento del plazo razonable ha llegado a los tribunales.

Aunque la Operación Medusa fue presentada públicamente el 29 de junio de 2021, el Segundo Tribunal Colegiado fijó como punto de partida para el cómputo del plazo el 25 de noviembre de 2020, fecha en la que una alerta migratoria impidió a Rodríguez salir del territorio nacional.

Al conocer una solicitud de extinción, el tribunal calculó que habían transcurrido aproximadamente cinco años, ocho meses y 17 días.

El Ministerio Público acusa al exprocurador de encabezar un presunto entramado de corrupción que habría provocado pérdidas superiores a RD$6,000 millones. La acusación supera las 12,000 páginas y contiene más de 3,500 elementos de prueba.

La audiencia preliminar comenzó en agosto de 2022 y estuvo marcada por aplazamientos, recusaciones, incidentes y cambios en las defensas. El expediente fue enviado a juicio de fondo en junio de 2024, pero posteriormente el proceso tuvo que reiniciarse con una nueva composición judicial tras una recusación.

En 2026, la defensa de Rodríguez volvió a colocar el tiempo en el centro de la discusión al solicitar la extinción del proceso por vencimiento del plazo máximo.

El argumento fue que mantener abierta la persecución penal después de tantos años vulneraba el derecho del acusado a ser juzgado dentro de un tiempo razonable.

El 17 de agosto de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado rechazó la solicitud. Aunque reconoció que el plazo legal había sido excedido, las juezas determinaron que ese vencimiento no producía automáticamente la extinción.

Para el tribunal, era necesario valorar las circunstancias que habían incidido en la duración del proceso, entre ellas la complejidad del expediente, los aplazamientos, las recusaciones, los recursos, los cambios de abogados y otras incidencias procesales.

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La discusión, sin embargo, no quedó limitada a Rodríguez. Otros acusados, entre ellos Alfredo Alexander Solano Augusto y Ramón Lucrecio Burgos Acosta, también han presentado solicitudes similares, mientras el proceso continúa su curso.

Calamar: la batalla comienza por la fecha de inicio

En el expediente Calamar, la discusión sobre el tiempo tiene una particularidad: antes de determinar si el plazo se venció, las partes deben establecer desde cuándo comienza a contarse.

Aunque la operación fue presentada públicamente en marzo de 2023, varias defensas sostienen que el cómputo debe comenzar en febrero de 2022, cuando, según alegan, se produjeron actuaciones que afectaron bienes de personas investigadas.

Si el plazo se computa desde febrero de 2022, en febrero de 2026 ya se habrían cumplido cuatro años. Si, por el contrario, se toma marzo de 2023 como punto de partida, el escenario jurídico cambia sustancialmente.

Las defensas solicitaron la extinción de la acción penal, pero el 29 de mayo de 2026 la jueza Altagracia Ramírez rechazó los planteamientos y permitió que el proceso avanzara a juicio de fondo.

En esa etapa, 35 personas fueron enviadas a juicio, mientras otras cinco fueron favorecidas con autos de no ha lugar, entre ellas José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes quedaron fuera de los acusados enviados a juicio.

La controversia volvió a cobrar fuerza el 2 de septiembre, cuando la defensa de Ángel Lockward solicitó nuevamente la extinción ante el Tercer Tribunal Colegiado.

El Ministerio Público rechazó el planteamiento y sostuvo que la duración del proceso debe ser examinada tomando en cuenta la complejidad del expediente y las actuaciones de las partes, no únicamente el tiempo transcurrido.

El expediente incluyó, entre otros, al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz; al exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta; al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; al abogado y exfuncionario Ángel Lockward; al excontralor Daniel de Jesús Caamaño; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Piccirilo; al exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, y al exsenador Rafael Calderón Martínez.

También fueron incluidos los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar Óscar Arturo Chalas y Julián Omar Fernández, además de decenas de otros procesados.

Actualmente, Donald Guerrero y Ángel Lockward permanecen entre las principales figuras del proceso, mientras el expediente correspondiente al exsenador Rafael Calderón Martínez fue separado del caso principal por razones relacionadas con su estado de salud. El proceso permanece activo.

El debate jurídico: ¿cuándo el tiempo se convierte en exceso?

Más allá de las particularidades de cada expediente, la discusión plantea una pregunta común: ¿cuándo la duración de un proceso deja de ser una consecuencia de su complejidad y se convierte en una vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable?

El abogado penalista Jean Cristofer Pérez sostiene que la extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo no debe resolverse mediante una simple operación matemática.

A su juicio, el juez debe identificar las causas que provocaron la demora y determinar si estas son atribuibles a la inactividad del Estado o si obedecen a incidentes, aplazamientos y otras actuaciones procesales de las partes.

Como referencia, Pérez citó el caso de Jean Alain Rodríguez, cuya solicitud fue rechazada después de que el tribunal valorara la complejidad del proceso y la intensa actividad procesal desarrollada durante su tramitación.

Sin embargo, advierte que no todo recurso presentado por un imputado puede ser considerado automáticamente una maniobra dilatoria. El ejercicio legítimo del derecho de defensa constituye, precisamente, una garantía constitucional.

Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar tienen orígenes, dimensiones y etapas procesales diferentes. Sin embargo, los tres expedientes convergen en una misma disputa: qué efecto debe producir el paso del tiempo sobre la persecución penal.