San Cristóbal.– El juez de la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, acusado junto a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez de trata de personas, trabajo forzoso y presuntos maltratos físicos y psicológicos contra 14 menores de edad.
Capellán deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, mientras que Muñoz Rodríguez quedó sujeto a una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal acogiera de manera parcial la solicitud del Ministerio Público, que había pedido prisión preventiva durante tres meses para ambos imputados.
De acuerdo con el órgano acusador, fueron presentados 40 elementos de prueba que, según sostiene, vinculan a los acusados con los hechos investigados, entre ellos la explotación laboral y los presuntos maltratos contra los adolescentes.
Entre las evidencias figuran los testimonios de los menores rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), obtenidos mediante entrevistas en Cámara Gesell como parte de las diligencias judiciales.
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A la salida de la audiencia, el abogado Manuel Soto, representante legal de Capellán, informó que apelará la decisión. El jurista sostuvo que su defendido es inocente de los hechos que le atribuye el Ministerio Público y dijo que espera la notificación de la resolución para presentar el recurso.
Cuestionamientos al funcionamiento de la fundación
Según la acusación del Ministerio Público, Capellán, quien dirigía la Fundación Restaurando Vida, habría incumplido disposiciones legales relacionadas con el registro y funcionamiento de programas destinados a la atención de niños, niñas y adolescentes.
La entidad está ubicada en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, y, de acuerdo con el expediente, funcionaba en un espacio donde también residían personas en condiciones de vulnerabilidad.
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El Ministerio Público sostiene que la fundación no contaba con la autorización requerida para operar como hogar de acogida de menores, por lo que también cuestiona la recepción de niños y adolescentes, así como la captación de fondos y donaciones para esos fines.
Investigación comenzó tras denuncia de un menor
La investigación se inició después de que uno de los menores supuestamente escapara de la fundación y acudiera a un destacamento policial, donde denunció los presuntos maltratos y trabajos forzados.
A partir de esa denuncia, las autoridades realizaron allanamientos y rescataron a los menores que permanecían en el lugar. Posteriormente fueron arrestados Capellán y Muñoz Rodríguez.
Como parte de las investigaciones, una evaluación médico-legal practicada a uno de los menores determinó que presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, incluyendo el rostro, las extremidades superiores e inferiores, el dorso y la espalda. También se identificaron quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en el dorso de ambas manos.
Además, una evaluación psicológica forense estableció que el menor no asistía a la escuela y que, según su relato, era obligado a realizar trabajos de carpintería para la construcción de una vivienda.
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El informe también recoge que el menor habría sido sometido de manera constante a maltrato físico y castigos severos, elementos que forman parte de la investigación que dio origen al proceso judicial.
