Dictan tres meses de prisión preventiva contra acusado de matar a su esposa en San Juan
El crimen habría ocurrido frente a dos menores de edad, incluida una niña con discapacidad motora. Familiares de la víctima exigen que el caso no quede impune.
El Tribunal de Atención Permanente de San Juan de la Maguana impuso tres meses de prisión preventiva contra el hombre acusado de quitarle la vida a su pareja sentimental, Joselín Ceballos, en un hecho que ha generado consternación entre familiares y allegados de la víctima.
La decisión judicial fue adoptada como medida de coerción mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones para reunir las pruebas que sustenten la acusación formal contra el imputado.
De acuerdo con la parte querellante, uno de los aspectos más graves del caso es que el crimen presuntamente ocurrió en presencia de dos menores de edad, entre ellos una niña con discapacidad motora que necesita asistencia permanente.
Acusado podría enfrentar hasta 40 años de prisión
Los representantes legales de la parte querellante señalaron que las circunstancias en que se habría cometido el hecho podrían dar lugar a una condena de hasta 40 años de prisión, conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal.
Sin embargo, la eventual sanción dependerá de la calificación jurídica de los hechos, las pruebas presentadas y la decisión que adopte el tribunal durante el proceso judicial.
El imputado deberá permanecer recluido en un centro penitenciario durante los tres meses establecidos por el tribunal, mientras avanzan las diligencias del órgano acusador.
Familiares de Joselín Ceballos exigen justicia
En las afueras del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana, familiares y personas cercanas a Joselín Ceballos reiteraron su llamado a las autoridades para que el crimen sea esclarecido y los responsables reciban las sanciones correspondientes.
Los allegados de la víctima insistieron en que esperan un proceso judicial que garantice justicia y evite que el caso quede impune.
La investigación continuará bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que deberá presentar los elementos probatorios correspondientes para sustentar las imputaciones contra el acusado.
La medida de coerción impuesta no constituye una sentencia condenatoria, sino una disposición cautelar mientras se desarrolla el proceso penal.
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