Envían a juicio al presidente y tesorero de Fedopem por estafa y corrupción en manejo de fondos públicos

Santo Domingo. – El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el presidente y el tesorero de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), Freddy Núñez Jorge y Evaristo Ozoria Rodríguez (Aníbal), acusados de estafa agravada, asociación de malhechores, falsificación de documentos y, en el caso de Núñez, también de lavado de activos.

La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, tras considerar que existen elementos suficientes que apuntan a una posible condena. El tribunal admitió las pruebas presentadas por las partes, reconoció como víctimas al Ministerio de Deportes y a la propia Fedopem, y declaró inadmisible la querella presentada por varios atletas al no demostrar calidad ni perjuicio.

Te puede interesar: La Pepca arresta presidente y tesorero de Fedopem por «estafa contra el Estado»

Ambos imputados deberán continuar con las medidas de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras se fija para el 2 de octubre a las 2:00 p. m. la lectura íntegra de la resolución.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, entre 2013 y 2023 la Fedopem administró más de RD$65.9 millones entregados por el Ministerio de Deportes (antes Sedefir), detectándose un manejo irregular de los fondos. Las pesquisas incluyeron allanamientos en Santo Domingo, María Trinidad Sánchez y en las oficinas de la federación en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se incautaron documentos y otras evidencias.

Este proceso, considerado el primer gran caso de corrupción en el deporte dominicano, señala que los directivos utilizaron fondos públicos para cubrir gastos personales, emitieron cheques irregulares, falsificaron conceptos de justificación y presentaron maniobras fraudulentas en las rendiciones de cuentas, con el fin de seguir recibiendo recursos estatales.

Núñez y Ozoria enfrentarán juicio por delitos contemplados en la Constitución, el Código Penal y la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.