Fiscalía solicita prisión preventiva contra dos acusados de explotación sexual de menores en Santiago

La Fiscalía de Santiago solicitó prisión preventiva contra dos personas señaladas como presuntas integrantes de una estructura dedicada a captar adolescentes de entre 13 y 17 años para fines de explotación sexual, mediante ofrecimientos de dinero, regalos y otros incentivos.

Los acusados fueron identificados como Andrés Acosta Vargas, abogado de oficio residente en Santiago, y Franyely Franchesca Peralta Guzmán, oriunda del municipio de Esperanza, provincia Valverde. La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados habrían participado en la captación de menores de edad y personas en condiciones de vulnerabilidad, a quienes presuntamente ofrecían beneficios económicos para involucrarlas en actividades sexuales.

Las investigaciones del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía establecen que los sospechosos utilizaban distintos mecanismos de acercamiento, incluidas plataformas digitales, para contactar a posibles víctimas.

Fiscalía identifica al menos tres víctimas

Según el expediente, Acosta Vargas habría contactado a una adolescente mediante una aplicación de citas y le ofreció dinero para mantener relaciones sexuales. Tras recibir una respuesta negativa, presuntamente le propuso presentarle a otra menor de edad.

Las autoridades también investigan el traslado bajo engaño de una adolescente desde la provincia Valverde hasta Santiago, donde habría sido sometida a explotación sexual.

Hasta el momento, el órgano acusador ha identificado al menos tres víctimas vinculadas a los hechos investigados, incluida una menor de 17 años en estado de gestación.

El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían promovido encuentros sexuales entre adolescentes y realizado grabaciones de estos actos, hechos que forman parte de las acusaciones presentadas ante la justicia.

Ocupan cámaras y otros objetos durante allanamiento

Como parte de las diligencias, las autoridades ejecutaron un allanamiento en la residencia de uno de los investigados, donde ocuparon cámaras de videograbación, dispositivos de conexión USB, medicamentos, somníferos, estimulantes sexuales, preservativos y dinero en efectivo.

Los objetos fueron incorporados a la investigación para determinar su posible vinculación con las actividades atribuidas a los acusados.

La Fiscalía también solicitó autorización judicial para examinar mediante procedimientos forenses el contenido de los teléfonos celulares ocupados, al considerar que podrían contener información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Solicitan preservar testimonios de adolescentes

El Ministerio Público pidió al tribunal autorizar un anticipo de pruebas para recibir las declaraciones de las víctimas menores de edad y de otro adolescente identificado como testigo.

La solicitud busca preservar los testimonios y evitar que los menores tengan que repetir sus declaraciones durante distintas etapas del proceso judicial, reduciendo así el riesgo de revictimización.

La investigación está dirigida por el fiscal Juan Osvaldo García, mientras que la procuradora fiscal Cristina Ramírez participó en la recolección de las evidencias durante el allanamiento.

De manera provisional, los investigados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntas violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25; la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Corresponderá a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conocer la solicitud de prisión preventiva y determinar las medidas de coerción aplicables a los imputados.