Imponen prisión preventiva a dos mujeres acusadas de traficar menores hacia Tórtola y Dominica
El tribunal ordenó tres meses de prisión preventiva para dos imputadas y dispuso garantía económica y presentación periódica para una tercera; el caso fue declarado de tramitación compleja.
Dos mujeres imputadas por su presunta vinculación con una red de tráfico de menores desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica deberán cumplir tres meses de prisión preventiva, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, a solicitud del Ministerio Público.
Las imputadas Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
En tanto, a Yaribel Cristina Esquea se le impuso una garantía económica de RD$50,000 mediante una compañía aseguradora, además de la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. El tribunal también declaró el proceso de tramitación compleja.
La solicitud de medidas de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a otros representantes del órgano persecutor.
Detectan irregularidades en el aeropuerto
De acuerdo con la instancia del Ministerio Público, la investigación ha permitido identificar hasta el momento a tres adolescentes, de 14 y 16 años, quienes permanecen bajo el cuidado y la protección de las autoridades.
El caso salió a la luz el 8 de octubre de 2026, cuando Adolfina Paula Pimentel acudió al área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos de las menores, con la intención de abordar un vuelo hacia Tórtola y, posteriormente, continuar hacia Dominica.
Durante la inspección, presentó tres permisos de salida de menores. Sin embargo, al verificar la documentación, un inspector detectó que uno de los documentos era falso, por lo que trasladó a Pimentel y a las adolescentes a la sala de investigación migratoria.
Según el expediente, durante las entrevistas las autoridades advirtieron que las menores solo se comunicaban en creole, pese a que los pasaportes que portaban las identificaban como ciudadanas dominicanas.
Al ser interrogada sobre su relación con las adolescentes, Pimentel manifestó que no las conocía y que otras personas, a quienes tampoco identificaba, se las habían entregado en la terminal aeroportuaria. La mujer fue arrestada en flagrante delito.
Investigan suplantación de identidad
Como parte de las pesquisas, las autoridades obtuvieron una certificación de la Dirección General de Pasaportes que, según el Ministerio Público, establece que los documentos utilizados por las menores fueron expedidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.
La investigación señala que para emitir los pasaportes se utilizaron registros de nacimiento correspondientes a adolescentes dominicanas, hijas de padres residentes en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
En cuanto a Esquea, la solicitud de coerción indica que presuntamente aceptó una propuesta económica para facilitar los datos de sus hijas, con el propósito de hacer pasar a otras menores por ellas, obtener documentos de viaje a sus nombres y sacarlas del país.
El expediente también establece que Rosario Rodríguez habría ofrecido dinero a Esquea para facilitar la salida del territorio dominicano de una de las víctimas.
Ministerio Público profundiza las investigaciones
En el proceso participan la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
Las autoridades investigan la presunta participación de las imputadas en delitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la suplantación de identidad mediante el transporte aéreo de menores.
Las medidas de coerción fueron impuestas por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este. En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los magistrados Roberto Antonio Reyes Torres y Diógenes Quezada, según la información suministrada por esa institución.
Las imputaciones se encuentran en fase de investigación y las acusadas conservan la presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia definitiva.
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