¿De qué acusa el Ministerio Público al regidor de Higüey en la Operación Rompeolas?

De desempeñarse como chofer y escolta personal de un presunto narcotraficante a ocupar un asiento en la sala capitular de Higüey. Ese es el recorrido que describe el Ministerio Público sobre Willy Manuel Zorrilla Domínguez, alias «Willy Pachá», regidor del municipio de Higüey por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y exraso de la Policía Nacional, señalado como integrante de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Rompeolas.
De acuerdo con el expediente presentado por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada Antidrogas, Zorrilla Domínguez habría desempeñado funciones relacionadas con el traslado de dinero procedente del narcotráfico, la movilización de divisas y el presunto ocultamiento de bienes vinculados a Fausto Candelario Ortiz, alias «El Pachá», identificado como uno de los principales cabecillas de la organización.
La investigación también sostiene que su incursión en la política habría sido respaldada económicamente por integrantes de la red, con el supuesto propósito de colocar a una persona de confianza en un cargo de elección popular y obtener protección institucional para sus actividades ilícitas.

De escolta policial a hombre de confianza de «El Pachá»
Según el Ministerio Público, la relación entre ambos comenzó a consolidarse en 2013, cuando Zorrilla Domínguez, quien todavía pertenecía a la Policía Nacional, empezó a trabajar como chofer y seguridad personal de Fausto Candelario Ortiz, deportado de Estados Unidos en 2005 por asuntos relacionados con el narcotráfico.
El expediente establece que el hoy regidor fue posteriormente separado de la institución policial por mala conducta, debido a sus presuntos vínculos con las actividades delictivas de la organización.
La confianza entre ambos habría alcanzado tal nivel que Candelario Ortiz lo presentaba públicamente como su «hijastro», mientras Zorrilla Domínguez se refería a él como su «padre» o «patrón».
Entrega de US$163,500 procedentes del narcotráfico
Una de las principales imputaciones contra el regidor está relacionada con la recepción y movilización de grandes cantidades de dólares en efectivo, presuntamente obtenidos mediante la comercialización de cargamentos de drogas.
El Ministerio Público señala que Zorrilla Domínguez actuaba siguiendo instrucciones directas de Fausto Candelario Ortiz y mantenía comunicación con Fernando Guzmán Ventura, identificado como operador cambiario de la estructura.
Entre los movimientos documentados figura una entrega realizada el 5 de diciembre de 2022, cuando, según las interceptaciones telefónicas y labores de vigilancia, ambos coordinaron encuentros en un establecimiento Burger King y una estación de combustible Texaco, en Boca Chica.
Las autoridades sostienen que durante esas gestiones el regidor recibió US$163,500, dinero que debía entregar posteriormente a Candelario Ortiz.

Propiedades a nombre de familiares y presunto ocultamiento de bienes
Otra de las acusaciones está relacionada con operaciones inmobiliarias que, de acuerdo con los investigadores, habrían sido utilizadas para ocultar propiedades vinculadas al presunto cabecilla.
El expediente establece que Candelario Ortiz adquirió un solar en Higüey donde construyó cinco viviendas, una de las cuales habría sido colocada a nombre de Esperanza Domínguez, madre del regidor, en el sector Monte Santa María.
Asimismo, una conversación interceptada el 23 de septiembre de 2022 revela, según el órgano persecutor, que «El Pachá» pretendía registrar otra vivienda a nombre de Zorrilla Domínguez.
Sin embargo, la operación habría enfrentado dificultades porque el regidor se encontraba casado y debía completar su proceso de divorcio para evitar que el inmueble formara parte de la comunidad de bienes matrimoniales.
Ante esa situación, se habría instruido a Yovani Candelario Ortis, alias «Caco», para determinar a nombre de quién sería registrada la propiedad.
Durante la investigación también fue identificada y allanada una edificación de dos niveles ubicada en la calle Úrsula Morel, del sector Salvaleón de Higüey, donde residía el regidor junto a su pareja. En el primer nivel funcionaban los establecimientos comerciales «Turbans» y «Reyna Glamour».

Envío de dólares hacia Estados Unidos
El Ministerio Público también atribuye a Zorrilla Domínguez participación en gestiones para transferir dinero hacia territorio estadounidense.
Según el expediente, Fausto Candelario Ortiz le habría ordenado gestionar el envío de US$7,000 destinados a una persona identificada como María Eustate, a través del establecimiento comercial Tita Fashion, en Estados Unidos.
Esta operación figura entre las transacciones examinadas por las autoridades para determinar el movimiento de recursos económicos presuntamente vinculados a la organización.
Presunto financiamiento ilícito para convertirse en regidor
Uno de los señalamientos más relevantes del expediente está relacionado con la llegada de Zorrilla Domínguez a la sala capitular del Ayuntamiento de Higüey, tras resultar electo regidor por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).
La investigación sostiene que Fausto Candelario Ortiz habría respaldado su proyecto político con la intención de garantizar que una persona de su absoluta confianza ocupara una posición de poder desde la cual pudiera favorecer los intereses de la estructura criminal.
De acuerdo con el Ministerio Público, comunicaciones entre Wander Alberto Núñez Mercedes, alias «Philip», y el regidor evidenciarían coordinaciones para distribuir dinero y movilizar votantes durante el proceso electoral.
El órgano acusador considera que estos movimientos formaban parte de una estrategia para ampliar la influencia de la organización mediante el acceso a cargos públicos.
Tras asumir sus funciones municipales, Zorrilla Domínguez habría reducido su exposición dentro de las actividades de la red para evitar sospechas, aunque presuntamente mantuvo vínculos con sus integrantes.
Las investigaciones financieras también identificaron movimientos bancarios superiores a RD$14 millones entre 2021 y 2026, según certificaciones de la Superintendencia de Bancos citadas en el expediente.
Las informaciones recopiladas mediante interceptaciones telefónicas, vigilancias, análisis financieros y registros inmobiliarios forman parte de las evidencias utilizadas por el Ministerio Público para sustentar las imputaciones contra Zorrilla Domínguez y otros presuntos integrantes de la estructura investigada en la Operación Rompeolas.
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ejecutaron este jueves una de sus más amplias operaciones conjuntas contra el narcotráfico transnacional arrestando a 21 personas que serán llevadas ante los tribunales competentes, mientras continúan las investigaciones y las actuaciones procesales derivadas de la operación.
La defensa del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez, uno de los detenidos durante la Operación Rompeolas, interpuso una acción constitucional de habeas corpus para cuestionar la legalidad de su detención, al alegar que las autoridades incumplieron el plazo de 48 horas establecido en la Constitución para presentar a una persona arrestada ante un juez. – Decir esto mismo con otras palabras

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