Santa Bárbara de Samaná.– El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Santa Bárbara de Samaná condenó a 20 años de prisión a Vinicio de la Cruz Calcaño, tras declararlo culpable del homicidio voluntario de Martín Acosta.
La decisión, sustentada en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, fue adoptada luego de un proceso judicial en el que el Ministerio Público y la representación legal de la familia de la víctima presentaron pruebas que, a criterio del tribunal, resultaron suficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de tres millones de pesos dominicanos, distribuida en partes iguales entre la esposa de la víctima, Aurora Espino, y su hija, Maridania Acosta, quienes recibirán un millón quinientos mil pesos cada una.
Martín Acosta: sentencia
Como parte de las medidas dispuestas en el proceso por la muerte de Martín Acosta, también se establecieron impedimento de salida del territorio nacional y una orden de protección y alejamiento por un período de dos años en favor de las víctimas.
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En cuanto al arma de fuego vinculada al proceso, el tribunal rechazó la solicitud de comiso presentada por el Ministerio Público, al considerar que su situación legal corresponde a un procedimiento de carácter administrativo ante el Ministerio de Interior y Policía.
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La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 1 de octubre, a las 4:00 de la tarde. A partir de ese momento, las partes podrán ejercer, dentro de los plazos establecidos por la legislación, los recursos que consideren pertinentes.
Martín Acosta: proceso
El fallo fue recibido con satisfacción por el Ministerio Público, representado durante el proceso por las fiscales Marlene Rodríguez y Anni Concepción, así como por Daniel Misael Rijo.
Los abogados de la familia de Martín Acosta, Juan Carlos Ulloa y Juan Pedro Guillandeaux, también valoraron la decisión y destacaron la consistencia de las pruebas presentadas durante el proceso.
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De igual manera, asociaciones de transportistas de Nagua y Samaná, junto con representantes de distintos sectores comunitarios, expresaron su respaldo a los familiares de la víctima y manifestaron satisfacción por el resultado del proceso judicial.
La representación legal de la familia señaló que permanecerá atenta a las próximas etapas, particularmente ante la eventual interposición de un recurso de apelación por parte de la defensa del condenado.
La sentencia es una decisión de primera instancia, por lo que las partes conservan los derechos y plazos establecidos por la legislación para recurrirla.
